El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Castellón presentará en el próximo Pleno una declaración institucional para reforzar la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica y la convivencia vecinal frente a la ocupación ilegal de inmuebles. La iniciativa insta al Gobierno de España a impulsar una profunda reforma legislativa que permita agilizar la recuperación de las viviendas okupadas ilegalmente, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un marco jurídico más claro y eficaz para actuar desde el primer momento.
El portavoz de VOX y concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha defendido que «la okupación ilegal nunca puede convertirse en una alternativa de acceso a la vivienda ni justificarse bajo ningún pretexto. La obligación de atender a las personas en situación de vulnerabilidad corresponde a las administraciones públicas mediante políticas sociales y de vivienda eficaces, pero nunca trasladando esa responsabilidad a los propietarios, que son las verdaderas víctimas de esta situación». En este sentido, ha lamentado que la legislación estatal haya ido debilitando progresivamente la protección del derecho a la propiedad privada y aumentando la inseguridad jurídica de miles de familias.
La declaración institucional recuerda que la Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada y sostiene que dicho derecho debe ser protegido con la misma firmeza con la que las administraciones atienden las situaciones de exclusión social. Para VOX, ambas cuestiones son perfectamente compatibles y, de hecho, un Estado social y de derecho debe ser capaz de proteger simultáneamente a las personas vulnerables y a los propietarios legítimos, evitando que estos últimos soporten las consecuencias de un problema cuya solución corresponde exclusivamente a los poderes públicos.
Trabajo constante contra la okupación ilegal
Como responsable del área de Seguridad y Emergencias, Ortolá ha recordado que el Ayuntamiento de Castellón trabaja diariamente, dentro de las competencias municipales y utilizando todos los mecanismos legales disponibles, para prevenir y frenar la okupación ilegal. En este sentido, ha destacado la labor que desarrolla la Policía Local en coordinación con el resto de cuerpos de seguridad, así como la colaboración de los vecinos, cuya rápida comunicación resulta determinante para evitar que muchas ocupaciones lleguen a consolidarse.
«Gracias al extraordinario trabajo de la Policía Local y a la colaboración vecinal hemos conseguido evitar numerosas okupaciones ilegales en nuestra ciudad. Sin embargo, en demasiadas ocasiones estamos con las manos atadas porque la legislación actual no nos permite actuar con la contundencia y la rapidez que exige este problema. Necesitamos un cambio legal que ofrezca seguridad jurídica a los agentes, agilice los procedimientos y permita devolver las viviendas a sus legítimos propietarios cuanto antes», ha señalado Ortolá.
El edil ha insistido en que la okupación ilegal no solo perjudica al propietario afectado, sino que genera graves problemas de convivencia en los barrios, incrementa la sensación de inseguridad y provoca conflictos en las comunidades de vecinos, además de ocasionar daños materiales y conexiones fraudulentas a los suministros. «Quienes cumplen la ley, pagan sus impuestos, sus hipotecas o sus alquileres merecen que las instituciones estén de su lado. No podemos permitir que quien vulnera la ley termine teniendo más protección que quien la respeta», ha afirmado.
Una reforma legislativa necesaria
La declaración institucional pone de manifiesto que, pese a las últimas modificaciones legales, la usurpación de inmuebles continúa tramitándose en la mayoría de los casos como un delito leve, lo que dificulta una actuación suficientemente rápida y eficaz. Asimismo, VOX considera que la Ley por el Derecho a la Vivienda y las sucesivas prórrogas de la suspensión de determinados desahucios han contribuido a prolongar situaciones de okupación ilegal, trasladando a los propietarios una carga que corresponde asumir a las administraciones públicas.
Por todo ello, la iniciativa reclama la derogación de la actual Ley de Vivienda, el fin de las suspensiones extraordinarias de lanzamientos cuando beneficien a personas que okupan inmuebles sin título habilitante y la aprobación de una normativa que permita recuperar con mayor rapidez las viviendas okupadas ilegalmente. «Castellón debe seguir siendo una ciudad segura, donde se respete la ley, se proteja la propiedad privada y los vecinos sepan que las administraciones están de su lado. Desde VOX seguiremos impulsando todas las medidas necesarias para conseguirlo», ha concluido Ortolá.
