El diputado de VOX en la Junta General, Gonzalo Centeno, ha defendido una iniciativa para impedir que quienes hayan sido desahuciados o hayan perdido un contrato de vivienda pública por incumplimientos graves imputables a su propia conducta puedan volver a acceder en las mismas condiciones a una vivienda protegida o a programas públicos de alquiler.
La propuesta de VOX reclama además que no se renueven los contratos cuando existan infracciones graves y reiteradas de las obligaciones contractuales o de las normas de convivencia, siempre mediante los procedimientos legales establecidos y respetando las garantías correspondientes.
“El problema no es el alquiler social. El problema es cómo se gestiona el parque público de viviendas”, ha defendido Centeno, que considera “una cuestión ética y moral” que los recursos disponibles se destinen prioritariamente a las familias que los necesitan y cumplen con sus obligaciones.
“No se puede premiar al que incumple”
Centeno ha defendido que el acceso a una vivienda pública implica también responsabilidades. “No se puede tener una vivienda ocupada durante años por una persona que no paga el alquiler social cuando hay otras igualmente necesitadas esperando una adjudicación. Tampoco se puede mantener a quien reiteradamente tiene comportamientos violentos con sus vecinos, deteriora los bienes comunes, subarrienda fraudulentamente la vivienda o incumple de forma grave sus obligaciones”, ha señalado.
La iniciativa parte precisamente de considerar la vivienda pública como un recurso escaso financiado por los contribuyentes y sostiene que los incumplimientos graves generan costes, deterioran el patrimonio público y perjudican a otros potenciales beneficiarios.
El diputado ha llevado esta situación a la gestión de VIPASA. Según los datos expuestos por Centeno durante su intervención, la empresa pública dispone de algo más de 9.600 viviendas, de las que 643 están vacantes por diferentes motivos, y cuenta con más de 2.540 inquilinos morosos, alrededor del 28% de sus arrendatarios.
Centeno ha recordado que la morosidad supera los cinco millones de euros frente a una cifra de negocio cercana a los 9,8 millones. “Hay personas que llevan más de 15 años sin pagar el alquiler y que acumulan deudas superiores a 40.000 euros. Mientras tanto, hay asturianos esperando para acceder a una vivienda social”, ha denunciado.
Centeno señala a Zapico
El diputado de VOX ha responsabilizado al consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, de mantener un modelo que termina perjudicando tanto a quienes esperan una vivienda como a los inquilinos que cumplen. “Zapico ha dicho que no va a desahuciar a nadie por motivos económicos. Pero esos recursos no son suyos. Son de todos los asturianos y hay otras personas que cumplen las normas y están igualmente necesitadas esperando una vivienda”, ha reprochado Centeno.
VOX defiende que la protección pública debe dirigirse prioritariamente a quienes acrediten necesidad y hagan un uso responsable de la vivienda. La PNL sostiene expresamente que el sistema debe favorecer el comportamiento “cívico y responsable” y no terminar premiando conductas antisociales.
“Una buena gestión de los recursos públicos no puede estar presidida por el abandono ni por el castigo a quien coopera, cumple su contrato, paga y respeta a sus vecinos. La vivienda pública está para ayudar a quien la necesita, no para garantizar impunidad a quien incumple reiteradamente sus obligaciones”, ha subrayado Gonzalo Centeno.
