Representantes de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) han mantenido una reunión de trabajo en Sevilla con la diputada nacional de VOX, Reyes Romero, en el marco de la ronda de contactos que el colectivo está llevando a cabo con las distintas fuerzas políticas para trasladar la realidad que viven los centros penitenciarios, donde reclaman más seguridad y la incorporación de unos 3.000 funcionarios más en toda España.
Durante el encuentro, el presidente de la ejecutiva nacional de APFP, Gonzalo Arboledas, y el delegado provincial en Sevilla, Andrés Raya, expusieron las principales inquietudes del colectivo, centradas en la falta de seguridad personal y jurídica con la que desempeñan su labor diaria. Entre las peticiones prioritarias destacan la dotación de medios materiales adecuados, la implantación de formación continua en defensa personal para los trabajadores en contacto directo con los reclusos, y la declaración formal como agentes de la autoridad y profesión de riesgo.
Según ha indicado Gonzalo Arboledas, «los profesionales penitenciarios están trabajando con inseguridad personal y jurídica, con el agravante de que cada funcionario está al mando de entre 120 y 140 presos, por lo que es urgente el reconocimiento de agente de la autoridad «.
Inseguridad y brecha salarial
Un punto central del diálogo fue la evolución del perfil de la población reclusa. Los representantes sindicales advirtieron de que más de un 30% de los internos son extranjeros —con porcentajes en constante crecimiento y procedencias mayoritarias de Sudamérica y el norte de África—, alertando sobre perfiles de especial peligrosidad debido a los procesos de radicalización en prisión.
Asimismo, denunciaron la brecha retributiva respecto a comunidades con competencias transferidas, reclamando el principio de «igual trabajo, igual salario», ya que, según Andrés Raya, «es imprescindible que el salario sea el mismo independientemente de la comunidad que tenga transferidas las competencias, ya que en el País Vasco y Cataluña ganan 800 euros más sin tener competencia nacional como en el resto de comunidades».
En el ámbito representativo, criticaron la vulneración de su derecho a la participación institucional en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias, donde no están presentes a pesar de haber obtenido un 10,07% en las elecciones sindicales de 2023, superando conjuntamente a CCOO, CIG y ELA.
Reconocimiento como agentes de la autoridad
Por su parte, la diputada nacional mostró su preocupación por el creciente exponencial de los presos extranjeros en nuestras cárcels y abordó la previsión legal para que se logre, tras diez años de lucha, el reconocimiento como agentes de la autoridad.
Igualmente, Reyes Romero ha querido destacar «el valor de APFP al ser un sindicato sin liberados sindicales, y que “siempre me van a tener a su disposición para avanzar en la consecución de un mejor servicio penitenciario».
