Pamplona, 15 de septiembre de 2026. El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez Román, ha solicitado la comparecencia del consejero de Salud, Fernando Domínguez Cunchillos, y ha registrado una batería de preguntas escritas dirigidas al Departamento de Salud para esclarecer la autorización del traslado interhospitalario y la posterior derivación al Hospital San Juan de Dios —centro privado concertado— de un paciente marroquí de 68 años que no figuraba empadronado en Navarra y que mantenía padrón y adscripción sanitaria en Castilla y León (Soria).
Según ha trascendido, el personal de gestión denegó inicialmente el trámite por falta de empadronamiento y por la negativa de la familia a cambiar la residencia. Pese a ello, los servicios sociales del hospital activaron un “trámite excepcional” que permitió sortear esos filtros. El paciente, procedente del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, fue derivado el 17 de agosto al Hospital San Juan de Dios, donde la plaza concertada de alta intensidad supera los 300 euros por noche, costeada íntegramente por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y, por tanto, por los contribuyentes navarros.
VOX considera que los hechos descritos, de confirmarse, no constituyen un simple desajuste burocrático, sino una decisión consciente al margen de los protocolos que se aplican con rigor a los navarros. «Esto no es un error. Es prevaricación. Se ha saltado a sabiendas el protocolo para privilegiar a un extranjero que se niega a empadronarse en Navarra precisamente para no perder la prestación que cobra en otra comunidad, mientras miles de navarros esperan meses y años en las listas de espera», ha declarado Emilio Jiménez.
El parlamentario de VOX ha preguntado al consejero si tenía conocimiento previo o simultáneo de la autorización; qué autoridad, cargo o unidad del Departamento de Salud o del SNS-O autorizó el trámite excepcional; qué protocolo interno se aplicó y en qué se diferencia del exigido a los pacientes navarros; si se exigió la regularización previa del padrón y de la adscripción sanitaria; cuántos días ha permanecido el paciente en San Juan de Dios y cuál es el coste total asumido por Osasunbidea; y si el Departamento va a reclamar el reintegro de esos gastos a Castilla y León, al paciente o a su familia.
También pregunta si el consejero considera que existe un agravio comparativo, si conoce el malestar del personal sanitario y de gestión, qué medidas va a adoptar para depurar responsabilidades y si ordenará una auditoría sobre derivaciones a centros concertados sin empadronamiento previo en Navarra.
«Mientras a un navarro se le exige empadronamiento, adscripción y cumplimiento estricto de la normativa, aquí se ha abierto una vía de excepción para que un paciente vinculado sanitariamente a otra comunidad ocupe una cama concertada de más de 300 euros la noche. Eso no es solidaridad: es un agravio y un insulto a quienes pagan impuestos en Navarra», ha añadido Jiménez.
Este caso no es un episodio aislado. En Navarra, la Renta Garantizada puede percibirse sin exigir residencia legal, lo que permite el acceso a personas en situación irregular. En 2024, el 63,3 % de los perceptores de esta prestación eran de origen extranjero. Medios de comunicación han documentado, además, el caso de una familia marroquí en la comarca de Pamplona que percibe más de 4.000 euros mensuales en ayudas públicas —acogimiento, Ingreso Mínimo Vital y complementos— sin que nadie en el hogar trabaje, además de vivienda protegida y bonificaciones en suministros.
«El Gobierno de Chivite aplica manga ancha con quien presiona para conservar ayudas de otra comunidad o para vivir de prestaciones en Navarra, y rigor burocrático con los navarros. En un sistema con más de 68.000 personas esperando una primera consulta y más de 10.000 pendientes de intervención, priorizar a quien no está empadronado aquí es una tomadura de pelo», ha subrayado el portavoz de VOX.
Jiménez ha solicitado la comparecencia del consejero Fernando Domínguez para que dé explicaciones ante el Parlamento y ha exigido que se depure si se primó la presión familiar y la conservación de una ayuda ajena sobre el criterio de residencia y la sostenibilidad del sistema sanitario público. «O el consejero demuestra que este caso es compatible con una gestión rigurosa, equitativa y transparente, o debe reconocer que se ha saltado el protocolo. Los navarros merecen saber quién autorizó este privilegio, cuánto ha costado y quién va a responder», ha concluido.
