Pamplona, 22 de septiembre de 2026. El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez Román, ha registrado una batería de enmiendas al Proyecto de Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, remitido por el Gobierno foral el pasado 24 de junio y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento el 30 de junio. Las propuestas, presentadas ante la Mesa de la Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, pretenden modificar tanto la exposición de motivos como el articulado para distinguir con claridad a quienes sufrieron la violencia de quienes la ejercieron, ordenaron o ampararon, ampliar el concepto de acción terrorista y reforzar las medidas de reparación, memoria y sanción.
El texto gubernamental, que sustituiría a la Ley Foral 9/2010, prevé indemnizaciones complementarias del 30% sobre las cuantías estatales, asistencia sanitaria y psicológica, ayudas de vivienda, empleo y estudio, un Consejo Navarro de Participación y el 11 de marzo como día de reconocimiento. VOX mantiene ese marco de prestaciones, pero introduce un giro político y jurídico que choca con el enfoque de “memoria integral” defendido por el Ejecutivo de María Chivite y sus socios.
Perdón, cobertura política y rechazo a la negociación
Una de las enmiendas de mayor calado político pide que la ley declare necesario que quienes ejercieron la violencia o le dieron “cobertura social y política mediante su apoyo” asuman públicamente que “la violencia terrorista de ETA fue injusta e ilegítima”, colaboren con la justicia y pidan perdón a las víctimas y a la sociedad. El mismo bloque afirma el compromiso con “la derrota del terrorismo sin negociación política, contraprestaciones económicas o políticas” ni mecanismos de mediación que legitimaran a las bandas.
Jiménez sostiene que “la memoria de lo sucedido debe distinguir con claridad a quienes sufrieron la violencia de quienes la ejercieron, ordenaron o ampararon”. En Navarra, añade, “el cese de la actividad terrorista de ETA no extingue las necesidades de sus víctimas ni pone fin, por sí mismo, a los actos de intimidación, humillación o legitimación del terrorismo”.
Un 11 de febrero para los desplazados forzosos
VOX propone que, además del 11 de marzo —Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y aniversario de los atentados de Madrid— y del 27 de junio, Navarra conmemore el 11 de febrero como “Día de los Desplazados Forzosos por ETA y de todas sus Víctimas de Crímenes contra la Humanidad”. La fecha reconocería a quienes debieron abandonar su residencia por la actividad de la banda.
“Los españoles hemos contraído una impagable deuda de gratitud, solidaridad y reconocimiento con todas las víctimas del terrorismo”, afirma el portavoz, que incluye expresamente “las amenazas, los secuestros, las extorsiones y los desplazamientos forzados”.
Fuerzas de seguridad, amenazas y concepto amplio de terrorismo
VOX quiere un reconocimiento expreso a militares, servicios de inteligencia, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Foral, Instituciones Penitenciarias, jueces y fiscales. Define la acción terrorista de forma amplia: bandas armadas u organizaciones con finalidad terrorista, incluidas las dirigidas contra la soberanía, la unidad territorial, el orden constitucional o la paz pública. Las amenazas, coacciones, el acoso y la extorsión quedarían cubiertos aunque no haya lesión física.
El ámbito temporal se extiende a hechos desde el 1 de enero de 1960, también anteriores a la Constitución de 1978. El reconocimiento se ampliaría a víctimas nacidas en Navarra, con vecindad civil foral o con distintos supuestos de residencia y empadronamiento, así como a quienes se trasladaron a la Comunidad Foral por amenazas.
Memoria de todas las bandas y rechazo a relatos que “desvirtúen” los hechos
Las enmiendas enumeran, además de ETA, a GRAPO, DRIL, FRAP, MPAIAC, EPOCA, Comandos Autónomos Anticapitalistas, Terra Lliure, Iraultza y EGPGC, y reclaman memoria del terrorismo yihadista —11-M y atentados de 2017 en Cataluña— y de las víctimas españolas atribuidas al Frente Polisario. El conocimiento, dice el texto, debe ajustarse a las resoluciones judiciales, “evitando omisiones o relatos que los desvirtúen”.
Jiménez argumenta que las víctimas “constituyen una referencia ética para nuestra Nación y simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a quienes fueron derrotados”.
Catálogo de símbolos, retirada de exaltación y régimen sancionador
El paquete crea un catálogo de símbolos, menciones, honores y elementos de exhibición pública que puedan entrañar exaltación del terrorismo o humillación de las víctimas, incluso en bienes privados de exhibición pública. Las administraciones podrían acordar su retirada con audiencia y resolución motivada. Quedaría prohibido el apoyo, la financiación o el uso de medios públicos para actividades de enaltecimiento.
Se añade un título IX sancionador: multas de 200 a 150.000 euros según la gravedad, y pérdida de subvenciones o ayudas forales de convivencia por hasta cinco años. Sería infracción grave instalar en inmuebles públicos elementos de exaltación o conceder distinciones que ensalcen la actividad terrorista.
Más ayudas, ventanilla única y silencio positivo
En el plano prestacional, VOX propone que el complemento foral del 30 por ciento no se deduzca de la indemnización estatal; ayudas específicas por amenazas, pérdida gestacional, discapacidad igual o superior al 65 por ciento, gastos de sepelio y repatriación; una ayuda excepcional cuando el Estado no haya concedido indemnización; anticipos; un servicio estable de atención como ventanilla única; un Centro de Memoria sobre el Terrorismo en Navarra; y la Orden de Reconocimiento Navarro a las Víctimas del Terrorismo.
También reduce el plazo de resolución de seis a tres meses y sustituye el silencio negativo del proyecto por la estimación presunta de la solicitud.
