Moreno denuncia la inacción del PSOE ante la falta de más de 500 guardias civiles en Castilla-La Mancha y vincula la subida del delito a las fronteras abiertas 

Alerta del aumento de los actos violentos y lamenta que las violaciones se han incrementado en un 286%

David Moreno ha puesto de manifiesto la falta de recursos que sufren los agentes en Castilla-La Mancha, cifrando en más de 500 las plazas de la Guardia Civil que continúan sin cubrirse en las cinco provincias mientras los delitos aumentan en toda la región.

El presidente del Grupo Parlamentario ha alertado sobre la escalada de la delincuencia que está sacudiendo a la región. En este sentido, ha destacado un dato espeluznante: cuando García Page entró como presidente regional (2015) se registraron 17 violaciones en Castilla-La Mancha, desde entonces la media anual ronda las 50-70 violaciones (+286%); en 2015 se contabilizaron 302 delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y desde entonces se han contabilizado una media de 550 delitos (+75%); en 2015 se registraron 418 delitos de lesiones y riña tumultuaria y en la actualidad se superan los 800  ( +68%), “unas cifras devastadoras que pone de relieve el deterioro de la seguridad”.

Moreno ha puesto el foco en el riesgo que supone el incremento de la inmigración ilegal que entra por las costas y fronteras como Ceuta, el cual «no afecta únicamente a los municipios costeros, sino que repercute directamente en el corazón de Castilla-La Mancha». A este respecto, ha recordado que Santiago Abascal se encuentra hoy en Ceuta para defender su españolidad y denunciar la invasión de nuestro territorio.

El presidente parlamentario se ha referido también a las tramas de alteración del censo electoral y ha recordado el caso de empadronamientos ilegales en Talavera de la Reina que denunció VOX. Para Moreno, este escándalo fue «el preámbulo de lo que hoy estamos presenciando con la regularización masiva de miles de inmigrantes y la Ley de Nietos, cuyo único fin es regalar la nacionalidad, alterar el mapa electoral y abrir la puerta al acceso fraudulento a ayudas y servicio públicos».