El diputado de VOX en la Junta General, Javier Jové, ha denunciado que la ley LGTBI de Asturias pretende “imponer una moral de Estado”, a la vez que ha acusado a sus promotores de utilizar la bandera de la lucha contra la discriminación para introducir mecanismos de adoctrinamiento, control ideológico y medidas que ponen en serio peligro la salud de los menores de edad.
“Nosotros no entramos con quién se acuesta la gente o a quién ama, ni nos importa. Es una libre elección. Pero esta ley no va de eso. Esta ley va de adoctrinamiento”, ha afirmado el parlamentario en la defensa en el Pleno del voto en contra de VOX.
El parlamentario ha sostenido que el texto definitivo apenas introduce cambios sustanciales respecto al proyecto inicial y mantiene buena parte de las disposiciones que VOX ya ha cuestionado durante su tramitación, con la imposición de una determinada visión ideológica en ámbitos que van desde la educación y la sanidad hasta los servicios sociales, el empleo y las administraciones públicas.
“Imponer una moral de Estado” a los medios de comunicación
Precisamente uno de los puntos más cuestionados por el diputado ha sido el tratamiento que la ley reserva a los medios de comunicación. Jové ha señalado que el texto contempla medidas para combatir contenidos que puedan incitar al odio contra las personas LGTBI, así como la promoción de códigos deontológicos, recomendaciones y acuerdos de autorregulación en los medios públicos y privados.
Estas disposiciones constituyen instrumentos de presión sobre la actividad periodística y favorecen la autocensura. “Esta ley busca imponer una moral de Estado”, ha denunciado el diputado al referirse al artículo 89, relativo a los códigos deontológicos.
También ha cuestionado que la Administración impulse formación específica para profesionales de los medios y participe en la elaboración de recomendaciones sobre el tratamiento informativo de estas cuestiones.
Jové considera que estas previsiones, junto con el régimen sancionador de la norma, comprometen la libertad de expresión y de conciencia. Por ello, ha advertido de que la norma pretende establecer una “dictadura de pensamiento”.
Críticas a las disposiciones sobre menores y deporte
El diputado ha expresado asimismo su rechazo a las previsiones de la ley relacionadas con los menores de edad. Según ha explicado, el texto no incorpora garantías suficientes frente a determinados tratamientos médicos y se aparta de la tendencia de revisión de estas prácticas que ya se siguen en otros países europeos conscientes del error de legislaciones pasadas.
En este sentido, Jové ha insistido en que la protección de la salud de los menores debe prevalecer sobre cualquier planteamiento ideológico.
También ha cuestionado la referencia al “sexo legal” en las disposiciones relativas al deporte, al entender que sustituye el criterio biológico por uno jurídico. “Sexo legal es como hablar de aritmética legal. ¿Imaginan una tabla de multiplicación legal al margen de la aritmética?”, ha ironizado.
El parlamentario ha criticado igualmente las medidas de formación previstas para empleados públicos y trabajadores de empresas que prestan servicios a las administraciones, así como la incorporación de compromisos en materia LGTBI a los contratos públicos y las subvenciones.
VOX advierte de las consecuencias del régimen sancionador
Jové ha dedicado parte de su intervención a cuestionar el régimen de infracciones y sanciones previsto en la norma, que considera especialmente preocupante por sus posibles efectos sobre docentes, profesionales y empresas.
Para ilustrar sus argumentos, ha mencionado los casos de la profesora Juana Gallego, la psicóloga Carola López Moya y el docente Jesús Luis Barrón López, cuyas opiniones cuestionando doctrinas como las que sigue esta ley LGTBI les ha generado importantes consecuencias profesionales o legales.
El diputado también ha destacado que VOX no ha estado solo en su crítica a esta ley, sino que ha encontrado coincidencias con sectores del feminismo clásico. En este sentido, ha reprochado al resto de grupos parlamentarios, incluido el PP, su respaldo a la norma y ha insistido en que las modificaciones introducidas durante la tramitación no justifican su aprobación.
