La diputada de VOX en la Junta General del Principado, Sara A. Rouco, ha rechazado la Ley de Infancia y Adolescencia de Asturias por considerar que abre la puerta a una mayor intervención de la Administración en la vida familiar y antepone los criterios ideológicos del Gobierno socialista a las necesidades reales de los menores.
Durante su intervención parlamentaria, Rouco ha ratificado la posición que VOX ya defendió en mayo, cuando presentó una enmienda a la totalidad del proyecto. “Decíamos entonces que nos encontrábamos ante una Ley socialista descaradamente intervencionista y sectaria que se armaba desde el adoctrinamiento y se alejaba del interés común. Y hoy lo mantenemos”, ha afirmado.
La parlamentaria ha calificado el texto de auténtico “caballo de Troya” y ha advertido de que, bajo la apariencia de una norma garantista, se concede a las instituciones un margen de actuación que puede desplazar a las familias en decisiones fundamentales sobre la crianza y educación de sus hijos.
“Nos la presentan como garantista y, sin embargo, desde su entrada en vigor supondrá una vía libre para la intromisión institucional en el ámbito familiar”, ha denunciado.
“El criterio de la Administración” por encima de las familias
Rouco ha cuestionado especialmente el tratamiento de la denominada “parentalidad positiva”, al considerar que parte de unas condiciones económicas, educativas y sociales que no todas las familias asturianas pueden cumplir.
Según ha explicado, el riesgo es que determinadas dificultades familiares acaben siendo interpretadas como deficiencias en la crianza, en lugar de abordarse mediante medidas de apoyo. “Y ante una parentalidad positiva valorada como negativa desde las instituciones, automáticamente se pondría en cuestión la permanencia de los hijos o menores a cargo en el hogar familiar”, ha alertado.
La diputada ha defendido que, ante situaciones de conflicto, la prioridad debe ser ayudar a las familias antes de recurrir a intervenciones institucionales.
“Resulta que en la Ley de Infancia lo que prima es el criterio de la Administración, como hasta ahora”, ha reprochado.
En este sentido, también ha cuestionado el papel atribuido al Observatorio de la Infancia y a las mesas de trabajo previstas en la norma, al entender que pueden reforzar la supervisión institucional sobre el entorno familiar.
Rouco ha denunciado asimismo la presencia de contenidos ideológicos en el ámbito educativo, con referencias a la política lingüística, la perspectiva de género y la educación afectivo-sexual.
“Imponen para todos sus criterios en temas extremadamente sensibles, sean o no del interés de los afectados y sus familias”, ha afirmado.
Los centros tutelados, en el punto de mira
La diputada ha advertido de que una mayor intervención administrativa no garantiza una mejor protección de los menores y ha recordado los problemas que arrastran algunos centros tutelados de Asturias.
Rouco ha mencionado carencias materiales, fugas y deficiencias en la atención educativa, además de aludir a graves casos de explotación sexual que ha relacionado con menores bajo tutela institucional.
A su juicio, estas situaciones obligan a reforzar la supervisión y la protección efectiva de los niños y adolescentes antes de ampliar las facultades de intervención de la Administración.
También ha rechazado el enfoque de la ley respecto a los menores extranjeros no acompañados, al considerar que la inclusión de este colectivo en los programas institucionales puede incrementar el gasto y generar un “efecto llamada”.
La parlamentaria ha cuestionado las prioridades presupuestarias del Ejecutivo y ha reclamado que se expliquen los costes de las distintas medidas de atención social.
Una ley sin financiación suficientemente explicada
Rouco ha cuestionado la viabilidad económica del proyecto. Según ha señalado, mientras sus promotores sostienen que la norma no supondrá un mayor gasto, la Dirección General de Presupuestos habría advertido de un incremento del gasto público que no aparece cuantificado.
La diputada ha insistido en que reconocer nuevos derechos sobre el papel no garantiza su cumplimiento si no existen recursos, profesionales y procedimientos suficientes para hacerlos efectivos.
“Esta Ley, que establece derechos, objetivos y actuaciones más que cuestionables, depende, finalmente, de su financiación, de la disponibilidad de profesionales, del acceso real a las ayudas y de la evaluación de los resultados”, ha señalado.
