El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha presentado esta mañana una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar al Gobierno de España a que garantice la prioridad nacional de los españoles en el acceso a una vivienda social y protegida y ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.
Se trata de una iniciativa coordinada que VOX está presentando en todos los parlamentos autonómicos.
La PNL reclama que se impulsen las reformas legales que sean necesarias para que la adquisición de una primera vivienda habitual, sea nueva o de segunda mano, quede libre de cargas fiscales para los españoles.
También propone que se incremente la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o alquiler con opción a compra mediante fórmulas de colaboración público-privada para garantizar que los jóvenes y familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos.
A este respecto, el diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Miguel Pascual, ha afirmado que «el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en el principal factor de precarización y malestar social en España. Durante años, el Gobierno ha pretendido abordar la crisis de la vivienda dejando de mostrar a los españoles la causa principal y más evidente del colapso habitacional: la relación directa e innegable que existe entre la escasez de vivienda, las políticas de fronteras abiertas y el fomento de la inmigración masiva.»
A continuación, el diputado ha recordado que «si atendemos a los datos observamos que en los últimos cinco años, España ha registrado la entrada de aproximadamente cinco millones de personas que también necesitan un techo bajo el que cobijarse. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, la producción residencial se ha mantenido estancada, construyéndose menos de noventa mil anuales.»
«El Gobierno no es víctima ni espectador de la especulación, sino el arquitecto de este modelo. El Ejecutivo de Sánchez se ha convertido en su socio más lucrativo y su principal beneficiario. Mientras se llena la boca hablando de la vivienda como derecho, la Administración Pública se embolsa anualmente más de 52.000 millones de euros en imprevistos vinculados al proceso edificatorio y la compraventa de vivienda.»
La iniciativa plantea que se promocione un modelo de alquileres que concilie los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la vivienda) y arrendatarios (asequibilidad y estabilidad). Para ello, se deberán impulsar incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible, a la compra de vivienda y al acceso a la financiación hipotecaria y también deducciones significativas en el IRPF de jóvenes inquilinos.