VOX presenta alegaciones contra el tarifazo de la basura en Granada y denuncia que el PP pretende dar un nuevo sablazo al bolsillo de los granadinos

Paloma Gómez Enríquez denuncia que el equipo de gobierno pretende trasladar de forma automática un incremento del 8,37% a los recibos de 2027 sin justificar los costes ni mejorar el servicio.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Granada ha registrado formalmente diez alegaciones contra la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 25, reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de Residuos (expediente 160/2026). La portavoz de la formación, Paloma Gómez Enríquez, ha denunciado que el equipo de gobierno insiste en un modelo «abiertamente extractivo» que traslada el aumento del gasto directamente al bolsillo de familias, autónomos y empresas granadinas sin ofrecer una mejora real del servicio.

Gómez Enríquez ha recordado que VOX ya llevó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tanto la ordenanza original de 2025 como su anterior modificación, subrayando el PP sigue aplicando el tasazo de la basura con total arbitrariedad. En este sentido, las alegaciones advierten de que el informe municipal pretende repercutir de forma automática un incremento de costes fijos del 8,37% para 2027. “Denunciamos que el equipo de gobierno de Marifrán Carazo pretende subir a los granadinos la basura todos los años amparándose en las leyes de Pedro Sánchez”. Asimismo, VOX critica la progresión geométrica del coste estimado del servicio —que pasará de 25,8 millones de euros en 2027 a más de 27,1 millones en 2029— sin que el Ayuntamiento plantee medidas de contención.

Frente a esto, desde el Grupo Municipal de VOX proponen introducir en la Ordenanza Fiscal incentivos y bonificaciones destinados a las familias numerosas y a las entidades sociales. Además, plantean incorporar nuevos incentivos por el uso de los puntos limpios, reducciones para vecinos y comunidades que realicen compostaje o separen la fracción orgánica, y coeficientes reductores para viviendas de uso turístico que implanten sistemas homologados de recogida separada. También proponen elevar hasta el 95% de bonificación en la cuota para establecimientos de restauración y distribución alimentaria que acrediten convenios con entidades sociales para reducir el desperdicio de alimentos.