Ricardo Chamorro

Chamorro denuncia el electoralismo del Gobierno en el decreto DANA: ‘Llega tarde, pone poco y lo esconde en plazos imposibles’

El diputado de VOX por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha criticado la gestión del Gobierno ante los daños provocados por la DANA Adam y ha denunciado que el Real Decreto-ley 33/2026 establece ayudas insuficientes, impone plazos burocráticos difíciles de cumplir y deja fuera a damnificados de la Región de Murcia. «El Gobierno no protege a los españoles, no previene ni paga, llegan tarde, ponen poco y lo esconden en plazos imposibles», ha afirmado durante el debate de convalidación de la norma en la Diputación Permanente.

Chamorro ha cuestionado también que el Ejecutivo utilice la Diputación Permanente para realizar anuncios de ayudas y presentar su gestión a pocos días de las elecciones, mientras exige neutralidad institucional a otras administraciones. En este sentido, ha denunciado la doble vara de medir del PSOE, al que ha reprochado que recurra a la Junta Electoral por la publicidad institucional de ayuntamientos y diputaciones gobernados por otros partidos, mientras los ministros comparecen para anunciar partidas millonarias y presentar las medidas del Gobierno. «Las instituciones están al servicio de los españoles y no al servicio de la campaña electoral del señor Pedro Sánchez», ha señalado.

En cuanto al contenido del decreto, el diputado de VOX ha puesto el foco en la diferencia entre las partidas destinadas a reparar los cauces y las dirigidas a la costa. Según ha expuesto, el Ejecutivo contempla tres millones de euros para la Confederación Hidrográfica del Júcar y 1,5 millones para el seguro, frente a los 70 millones destinados a la costa. «Ponen ustedes 15 veces más dinero para la costa que para los cauces cuyas crecidas se llevan por delante casas y vidas», ha denunciado, criticando que el Gobierno utilice el cambio climático como argumento para justificar la falta de infraestructuras hidráulicas y de prevención.

Chamorro también ha advertido de las dificultades que tendrán agricultores y municipios para acceder a las ayudas. Ha criticado que los agricultores dispongan de solo cinco días hábiles para comunicar los daños al seguro agrario y que las comunidades de regantes y los ayuntamientos tengan siete días hábiles e improrrogables para informar de los desperfectos en caminos rurales y regadíos colectivos. Además, ha cuestionado que únicamente se contemplen reparaciones de caminos cuyos daños superen los 100.000 euros, dejando sin cobertura actuaciones necesarias para municipios rurales aunque su coste sea inferior.

El diputado ha denunciado asimismo el trato desigual a los afectados de la Región de Murcia, al quedar excluidos los comercios, la hostelería y el turismo de municipios como Los Alcázares de determinadas ayudas y exenciones fiscales que sí se contemplan para localidades de la Comunidad Valenciana. «Hay damnificados, por lo tanto, según este decreto, de primera y de segunda», ha advertido.

Por otro lado, Chamorro ha criticado que el decreto destine 15 millones de euros a ayudas para comercios, con importes de 5.000 euros para autónomos y 10.000 para pymes, mientras reserva cuatro millones para reforzar las plantillas del Ministerio y las Confederaciones Hidrográficas. A su juicio, esta distribución evidencia que el Gobierno sigue priorizando la estructura administrativa frente a quienes han sufrido directamente los daños. «Lo que necesitamos es desregulación», ha defendido, denunciando que las administraciones se han convertido en un «infierno burocrático» para agricultores, empresarios y autónomos.

Finalmente, el parlamentario de VOX ha recordado que, dos años después de la DANA de 2024, el propio decreto reconoce que todavía quedan consecuencias pendientes de resolver, con líneas de financiación que deben reabrirse hasta 2028 y ayudas para explotaciones agrícolas arrasadas. También ha preguntado cuándo se licitarán y ejecutarán las obras de defensa del barranco del Poyo. Chamorro ha vinculado estos retrasos a la ausencia de una política nacional del agua y ha reprochado al Gobierno que, desde la eliminación del trasvase del Ebro y del Plan Hidrológico Nacional, España carezca de una estrategia hidráulica. Ha concluido reiterando que los afectados necesitan prevención, infraestructuras y ayudas eficaces, y no más anuncios ni trámites imposibles.