El martes 20, Francisco Javier Francisco García y Alejandro Pedrera, Vicepresidente y Portavoz provincial de VOX Cáceres respectivamente, mantuvieron una productiva reunión con los representantes sindicales del CSIF de la seguridad privada. En la reunión se trataron diversos temas que incumben al sector:
- El desfase reglamentario: la ley actual (ley 5/2014) por la que se regula la seguridad privada es desarrollada por el mismo reglamento que desarrollaba la ley de 1992, causando un desfase en la ejecución de la ley.
- La poca seguridad jurídica que tienen sus trabajadores, no siendo reconocidos como agentes de la autoridad permanentemente en acto de servicio y el olvido de las empresas contratantes cuando el mismo trabajador tiene que defender sus actuaciones de servicio ante los tribunales.
- El intrusismo profesional que abunda en el sector.
- Carencias de material adecuado al lugar de trabajo, tanto de protección trabajo (chalecos antibalas, guantes anti cortes) como de defensa (material disuasorio).
Ante las deficiencias de un sector tan importante en España, ya que cuenta con más de 100.000 trabajadores en activo, encargado de mantener el orden y la seguridad en la sociedad y cuyo ámbito profesional se mueve desde seguridad en edificios públicos hasta infraestructuras críticas (como centrales nucleares), centros penitenciarios y en defensa privada de nuestros atuneros (donde se ven equipados con armamento de guerra), VOX se posiciona, como ha hecho siempre, con los cuerpos que defienden el orden en nuestro país y propone:
- Aumentar la protección jurídica de la seguridad privada hasta reconocerlos como agentes de la autoridad permanentemente en acto de servicio.
- Dotación de medios defensivos y disuasorios adecuados al lugar de trabajo.
- Uniformidad única en todo el sector.
- Revisión salarial para un salario digno.
- Dar la formación necesaria para que los trabajadores de la seguridad privada puedan acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
VOX, como siempre, no parará hasta conseguir unas condiciones justas por aquellas personas que arriesgan su integridad física y moral para mantener la seguridad en nuestras calles.