El grupo municipal VOX en Zaragoza planteará su expreso rechazo a las restricciones masivas de derechos anunciadas por la llamada Ley Celaá. Concretamente a los siguientes aspectos de la Ley:
- Eliminación del carácter vehicular en la enseñanza del español, lengua oficial en todo el territorio nacional.
- Integración de los niños con necesidades educativas especiales en el sistema educativo general y reducción significativa de la enseñanza especial.
- Modificación de los criterios de admisión de alumnos en detrimento de la enseñanza concertada y la libertad de elección de centro.
- Incremento de la discrecionalidad en la selección de inspectores educativos.
- Reducción de los niveles de exigencia académica para pasar de curso.
En el próximo pleno mostrará su expreso apoyo al mantenimiento y, en su caso, mejora del régimen de conciertos educativos. Como mecanismo para garantizar el derecho a la educación y el pluralismo político.
Asimismo, propondrá la ampliación de la duración de los conciertos actualmente vigentes. En el doble de su período inicial hasta un máximo de 10 años. Para garantizar la continuidad de los conciertos educativos vigentes en todos los niveles de la educación hasta al menos el año 2027.
Dicha ampliación será a instancia del propio centro educativo. Dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación de la norma reglamentaria en el diario oficial correspondiente. Y producirá efectos desde el 1 de enero de 2021 en todo caso. Sin que la eventual aprobación de la nueva Ley Celaá pueda expoliar los derechos al efecto concedidos.
Finalmente, se propone publicar en el plazo más breve posible la resolución reguladora de las normas de admisión de alumnos para el próximo curso escolar.
Recorte de derechos educativos
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha recordado que “la Ley Celaá ataca abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados”. Una ley que fue aprobada en el Congreso el pasado 19 de noviembre “con el apoyo de partidos socialistas, comunistas y separatistas”, para posteriormente ser votada favorablemente en el Senado el 23 de diciembre “sin que se aceptara ninguna enmienda”.
Calvo ha subrayado que esta Ley Orgánica supone “el mayor recorte de derechos educativos de la democracia”, dado que “atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos”. Del mismo modo, pretende “acabar con el pluralismo educativo y la libertad de pensamiento y opinión en el ámbito de la enseñanza”.
“Entre sus reformas, dejando de lado otras cuestiones esenciales como garantizar la enseñanza en español en toda España, la protección de la llamada educación especial o mantener un nivel de exigencia académica necesario para garantizar una enseñanza de calidad homologable a la de los países de nuestro entorno; sin duda la más destacada es el enfrentamiento con la educación concertada y su voluntad de restringir los derechos de padres y alumnos hasta hacerlos irreconocibles. Ante la ofensiva de la extrema izquierda y del separatismo contra el derecho a la educación de las familias y alumnos españoles, Zaragoza no puede permanecer ajena y debe manifestar su apuesta por la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios constitucionales”, concluye.
