El GP VOX en Aragón considera que los actuales planes de gestión y conservación de la Red Natura 2000 perjudican gravemente al medio rural aragonés. Pese al retraso de quince años en elaborarlos, el resultado es un trabajo improvisado, carente de todo rigor científico. Y potencialmente muy peligroso para todas aquellas personas que, directa o indirectamente, viven del medio natural.
La moción de VOX que pedía reelaborar los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU. A continuación, la defensa de la moción que ha realizado en la Comisión de Agricultura el portavoz de VOX en Aragón, Santiago Morón.
Interpelación
«No pretendemos discutir sobre a qué Gobierno de Aragón se le debe achacar más este retraso. Discusiones muy habituales en las Cortes de Aragón, pero que en la mayor parte de los casos no llevan a ninguna parte.
Nuestra intención es continuar con el debate que se inició hace unas semanas por el grupo Popular referente a esta cuestión. Y que se continuó con la aprobación de un texto transaccional. Donde se acordó, con el visto bueno de todos los grupos y nuestra abstención, “agilizar la revisión de dichos planes y la elaboración del plan director entre otras medidas”.
Medidas que consideramos claramente insuficientes dada la envergadura del desaguisado generado. Y más aún, a la vista de las múltiples acciones legales que contra tal decreto se están conociendo.
Los ayuntamientos de todos los colores políticos se han levantado contra este decreto. Ya que se condiciona el desarrollo de sus municipios y por ende, se condiciona la vida y supervivencia de muchos pueblos.
Recursos
En la provincia de Huesca, al menos 35 ayuntamientos han presentado recurso administrativo pidiendo la anulación del decreto 13/2021. Que no es más que un paso previo a la interposición del contencioso ante el TSJA. La lista incluye municipios de todas las comarcas que son unánimes en su desacuerdo con el decreto. Las entidades locales más pequeñas han solicitado amparo legal de la DPH para iniciar acciones legales, ante la falta de medios técnicos propios.
Otra muestra de la amplia contestación en el territorio es que se presentaron 155 alegaciones al DL. Más 34 fuera de plazo provenientes de ayuntamientos y comarcas, entes locales. Pero también de particulares, empresas energéticas, agricultores y ganaderos, asociaciones conservacionistas, colegios profesionales, federaciones deportivas, comunidades de regantes, y asociaciones de agentes de protección de la naturaleza. O que los alcaldes han criticado la ausencia de un verdadero proceso participativo. Incluso lo llegaron a calificar de ser “un paripé”. Porque tan sólo se estimaron entre un 1 y 2% de las alegaciones que habían presentado.
Gravedad de la situación
El Gobierno de Aragón debe rectificar y busca soluciones, que aporten seguridad jurídica. O muchos aragoneses que desarrollan su actividad en parte de ese extenso territorio de Aragón, se verán gravemente afectados. Y se abrirá un nuevo frente judicial contra el Gobierno de Aragón.
Estas medidas son la estocada final para estos municipios que ven como cada año mengua su censo.
Es la guinda final que hará que un joven emprendedor que se plantea continuar con la explotación ganadera o agrícola de sus padres, o una persona que se plantea abrir un establecimiento en el medio rural decida no hacerlo.
Porque se ha generado una inseguridad jurídica y una incertidumbre inadmisible. Por ejemplo se denuncia que no se podrán arreglar caminos. O se condiciona hasta los tipos de cultivo y la posibilidad de regar. Un disparate.
Es necesario compaginar el desarrollo rural con la protección natural. No podemos dejar el medio rural solo a los animales. El sentimiento que ha generado es de desprotección y desamparo.
Por no hablar de limitaciones a derechos básicos. Como el libre tránsito, o al desarrollo de actividad agrícola o ganadera. O a otras actividades como la turística, la caza. Parece que todo queda al albur de los agentes de la protección de la naturaleza.
VOX considera necesario redactar unos nuevos planes de gestión. Y contar con la participación de todos las instituciones, organismos y sectores afectados, tanto públicos como privados».
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