El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una serie de preguntas para sean respondidas por escrito por el Gobierno central y guardan relación con el centro de intermediación para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
La diputada de VOX por Almería, Mercedes Jara, explica que “en la web del Ministerio de Sanidad viene especificado la existencia del centro de intermediación y una serie de teléfonos de contacto lo que obviamente no es adecuado para el caso del lenguaje de signos, única forma de comunicación en muchos de los pacientes sordos que tienen mucha dificultad de comprensión del lenguaje escrito. No podemos permitir aislar más a estos colectivos que se encuentran con un día a día muy complicado”.
VOX quiere saber por qué no tienen acceso por videollamadas al centro de intermediación desde los centros de salud, centro de especialidades y hospitales tanto para personal administrativo como para personal sanitario a fin de no obligar a llevar un intérprete personal al paciente sordo total.
La ley intenta subsanar esta situación y propiciar su acceso a la información y a la comunicación, teniendo presente su heterogeneidad y las necesidades específicas de cada grupo. Igualmente, en la Ley rige el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por parte de las personas sordas cualquiera que sea su discapacidad auditiva y sordociegas, por lo que se reconoce y regula de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral.
Según Jara, “la mayoría de las áreas en las que debe aplicarse esta Ley no se dispone, en muchas ocasiones, de adaptaciones visuales y acústicas que permitan la mejora en la audición y recepción de la información auditiva, o de los medios de apoyo necesarios para la comunicación oral, o de servicio de intérpretes de lengua de signos. Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se encuentran con barreras de comunicación en una sociedad mayoritariamente de personas oyentes, esto dificulta su integración”.
El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.
