VOX pide el reconocimiento explícito de la atención con médicos del registro de profesionales sanitarios objetores. En una PnL propone un modelo que conecte el registro de profesionales sanitarios objetores en materia de eutanasia y los documentos de instrucciones previas.
“Actualmente, señala Santiago Morón, no existe un instrumento de identificación que permita a los pacientes visualizar, sin género de dudas, qué médicos son favorables a la aplicación de la eutanasia y cuáles no”.
“El mecanismo de las Instrucciones previas, que pretendemos fomentar a través de la presente iniciativa, permitirá al paciente influir en las futuras decisiones asistenciales. Y también facilitará a los profesionales de la salud la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo. En particular, cuando carezca de capacidad para decidir por sí mismo”, subraya Morón.
VOX recuerda que todos los pacientes tienen derecho a manifestar anticipadamente su voluntad acerca de sus cuidados y el tratamiento de su salud. Dicha voluntad, que ha de constar siempre por escrito, se plasma en un documento que recibe el nombre de “instrucciones previas”.
El grupo parlamentario plantea que en dicho documento se recoja esa opción, visibilizada con una casilla, o de algún otro modo fácilmente reconocible. En caso de ingresar en un centro sanitario estando gravemente mermadas sus facultades intelectivas y/o volitivas. De forma que el paciente declara su voluntad de ser tratado por un médico que esté inscrito en el registro de profesionales sanitarios objetores. Y todo ello en relación a la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.
VOX plantea que se garantice una interoperabilidad plena, inmediata y eficaz entre los diferentes servicios de salud. Para que el Registro nacional de instrucciones previas recoja las que han sido otorgadas y formalizadas. De acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las comunidades autónomas.
Posición de VOX
Este Grupo Parlamentario encuentra serios indicios de inconstitucionalidad en la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Pero, en tanto que no se derogue la ley, han de garantizarse los derechos y bienes jurídicos que se hallan en juego. El derecho a la vida y a la salud de los pacientes, la libertad de conciencia de los médicos, y la confianza. Que es el fundamento de la relación médico-paciente.
“A tal fin, entendemos que una solución acertada consiste en establecer una conexión entre el registro de profesionales sanitarios objetores en materia de eutanasia y los documentos de instrucciones previas” concluye Santiago Morón.





