«Posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica». Son algunas de las prácticas habituales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) descritas en el informe de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela, que confirma la existencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
Un informe que, además, responsabiliza al Gobierno de Nicolás Maduro «a los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos» de haber cometido «violaciones flagrantes de los derechos humanos en Venezuela»: «Patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado».
Tras confirmar que «el presidente Maduro y los ministros de Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes», el Grupo Parlamentario VOX, a través de sus diputados Víctor González, Alberto Asarta y Carlos Fernández-Roca, preguntan al Gobierno de Sánchez e Iglesias si va a condenar estos «crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno Bolivariano de Venezuela», así como si va a promover «alguna actuación para que las instituciones europeas condenen los crímenes cometidos por el régimen venezolano.
Por último, se interesa por el futuro de la relaciones entre el gobierno de España y el de Venezuela, una vez conocido este informe que reclama, entre otras cuestiones, la petición de captura de Nicolás Maduro por parte de la Fiscalía estadounidense.
González Coello de Portugal ha presentado, además, una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que, «cumpliéndose las condiciones previas para el ejercicio de la competencia por parte de la Corte Penal Internacional», remita al Fiscal un informe para investigar la situación en Venezuela y así determinar si se ha de acusar ante de crímenes de lesa humanidad a la administración Maduro.