Moviendo okupa

VOX cuestiona al Gobierno por el problema de la okupación en Cataluña

Pregunta al Ejecutivo si considera que entrar ilegalmente en una vivienda dando una patada a una puerta no es violencia

La senadora de VOX Yolanda Merelo ha registrado una batería de preguntas a propósito del problema de la okupación que asola especialmente a la región Catalana, donde Cataluña se ha convertido en la región española donde se okupan más viviendas: sólo entre enero y septiembre del pasado año se presentaron en la región 5.670 denuncias, muy por delante de Andalucía, con 1.800 denuncias.

En su exposición de motivos, la senadora lamenta que en Barcelona, capital de la Región, la alcaldesa Ada Colau «es una firme defensora del movimiento okupa». Así, recuerda la campaña que se pudo ver durante las pasadas navidades en en favor de la okupación, bajo el lema “Mejor un vecino okupa que un vecino policía», entre otros, «sin que la edil de Barcelona actuara».

Por ello, Merelo ha preguntado al Ejecutivo qué piensa de la actitud permisiva de Ada Colau con respecto a la okupación de las viviendas.

Inseguridad jurídica

También se refiere en su escrito a la modificación en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Tras ese cambio, sólo se podrá expulsar de la vivienda usurpara “cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”.

Para la senadora, es llamativo «el secretismo con el que el Gobierno ha realizado esta modificación». Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué ha realizado esta modificación y si considera el Gobierno que entrar ilegalmente en una vivienda dando una patada a una puerta no es violencia.

Reprueba, Merelo, en su exposición de motivos «la inseguridad jurídica en la que se encuentran los ciudadanos», la cual les lleva a acudir a empresas privadas para intentar evitar este tipo de asaltos, aumentando los costes de mantener su vivienda protegida e incluso desokuparla. Así, pide al Gobierno que explique cómo va a garantizar la propiedad privada de los inmuebles españoles.