El diputado del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana, David García, ha afirmado esta mañana, tras la comparecencia de la consellera de Transparencia Rosa Pérez Garijo para dar explicaciones sobre las subvenciones recibidas por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que “hay que acabar con la corrupción, borrarla de las instituciones y garantizar que quien toque dinero público sea expulsado de la vida política”.
García ha recordado la estrecha vinculación del vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau (Podem) con esta fundación, de la que fue, nada más y nada menos, que fundador y llegó a ser presidente del patronato y miembro del Consejo Ejecutivo cuando supuestamente llegó a recibir fondos de Venezuela de más de 4 millones de euros. “Detrás de CEPS hay podredumbre y cloacas, los valencianos tienen derecho a saber qué ha estado haciendo un partido que está en el Gobierno y que ha cobrado de Bolivia, Brasil o Venezuela, y que tiene lazos hasta con las FARC«.
Las redes sociales institucionales: en castellano y en valenciano
David García ha defendido una Proposición No de Ley (PNL) en la que ha pedido al Consell la creación de cuentas diferenciadas en castellano y en valenciano en redes sociales de las instituciones de la Generalitat Valenciana, ya que, en la actualidad, solo se usa el valenciano y no las dos lenguas cooficiales, lo que supone una limitación del acceso a la ciudadanía que desconoce el valenciano.
Algunas de estas redes que solo usan el valenciano son de suma importancia, como es la página de Twitter de emergencias 112 (@GVA112), y también las de las Cortes Valencianas (@cortsval) y la Generalitat Valenciana (@generalitat).
Compromís ataca a la Iglesia
Respecto a la moción presentada por Compromís, en la que se insta al Gobierno de España a que dejen que los ayuntamientos elijan si aplican o no el cobro de impuestos y cargas fiscales a entidades religiosas, como por ejemplo el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el diputado de VOX ha lamentado esta “carga total y directa contra la iglesia católica, sin tener en cuenta la gran labor social que lleva a cabo y que si la tuviera que realizar el Estado supondría un gasto inasumible para las arcas públicas españolas de más de 20.000 millones de euros al año”.
“Este es un claro ataque a la iglesia católica. Los impuestos no se pueden dejar en una arbitrariedad, la ley tiene que ser igual para todos los españoles. ¿Por qué no cargan contra los sindicatos? A esto se le llama sectarismo”.