El Ingreso Mínimo Vital, vendido por el Gobierno como la medida estrella tras el estallido de la crisis económica y social, lleva un retraso de casi 700.000 expedientes -688.578-, según ha reconocido el Ejecutivo a una pregunta del senador José Manuel Marín. Esto es, el Ejecutivo sólo ha tramitado el 32,3% de las solicitudes.
Según desglosa el Ejecutivo, se han presentado un total de 1.017.104 solicitudes, de las que se han resuelto, hasta el 29 de octubre, 328.526 solicitudes, de las que se han aprobado 136.413, el 13,4%, y se han denegado 192.113, el 18,8%.
En su respuesta, el Ejecutivo culpa del retraso en la tramitación de los expedientes a la empresa subcontratada: «Como es natural, el personal contratado necesitaba contar con un periodo de rodaje, transcurrido el cual se espera un ritmo de gestión ágil que facilite la labor de las direcciones provinciales del INSS».
Sin embargo, según responde el Gobierno en la misma respuesta la labor de Tragsatec sirve «para reducir el tiempo de tramitación de los expedientes al llegar a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social con la documentación ya requerida, ahorrando un importante tiempo de gestión».
117 trabajadoras, al paro
Pese al retraso que reconoce el Gobierno en la tramitación de expedientes, y a que, según el mismo documento, la labor de la subcontrata sirve pata agilizar los expedientes, el próximo 9 de diciembre, 117 trabajadoras del servicio de teléfono gratuito serán despedidas. Por lo que se presupone un aumento en el atasco de la tramitación de solicitudes, si la función de esta empresa es agilizar el trámite, como asegura el Gobierno.
Pese a todo, el senador de VOX había registrado una pregunta después de que se publicara que la empresa subcontratada para tramitar el Ingreso Mínimo Vital había emitido una orden interna en la que, se ordenaba clasificar los expedientes en tres estados: Iniciado, Requerido y Parado. Según el cual, «el estado «Requerido» se asignaría, según la orden interna emitida, a todos aquellos expedientes a los que les faltaría documentación y, por lo tanto, habría que solicitarla, pero también a todos los que tienen la documentación correcta. Una vez confirmado lo anterior, con ello, al parecer, se paralizaría el asunto y en consecuencia se retrasaba el pago de la ayuda», explicaba Marín.
