El Grupo Municipal VOX Benalmádena se ha quedado solo en su Moción para que el Ayuntamiento abandone la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se trata de un escrito que presentaron los GM VOX en Benalmádena, Benahavís y Torremolinos, donde solicitaban la revocación de la adhesión a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la salida de la asociación.
La concejal de VOX en Benalmádena Gema Carrillo ha advertido que la formación «no cesará en su lucha por eliminar órganos que inflan la administración institucional, suponiendo en muchos casos duplicidades de otros ya existentes y que sólo sirven para reubicar amiguetes del bipartidismo de nuestra Democracia».
Los tres concejales criticaban en su escrito que la FEMP es un “artefacto creado por los dos grandes partidos”, que, explican, tiene por finalidad intervenir en su autonomía, gestionar en su representación y como contrapeso a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades locales.
En este sentido, lamentaban la infraestructura creada a lo largo de tres décadas, que “presiona a la adhesión de las entidades locales” y, una vez forman parte de ella, “les obliga a la cesión de una suculenta parte de la contratación”, a través de su “Central de Contratación”.
Los tres ediles de VOX reprueban esta “artimaña” legal, pero “reprobable política, social y moralmente”. Y es que, una vez adheridas, “adquieren el control de licitaciones que debieran ser propias de los órganos de contratación municipales o de las diputaciones provinciales, que contratan con aportaciones públicas de las entidades locales”.
También denunciaban que la FEMP no contribuye a la intención garantista que le otorga la Constitución y aglutina atribuciones y gestión de dinero público que, de alguna forma, hurta a los municipios y a esta intención garantista el derecho y autonomía que se pretende, constituyendo un auténtico “chiringuito” para la colocación de personal de los partidos, lo que genera “un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel”.
Núcleo de poder paralelo
En su escrito, los concejales destacaban los costes de las FEMP, con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como las de su secretario general (90.000 euros) o su director general (75.000), así como con decenas de políticos en los órganos de dirección, lo que “constituye un núcleo de poder paralelo a los municipios, que desvía de la intervención municipal el control de parte del presupuesto municipal y desvincula la gestión de dinero público de la responsabilidad de la misma que los vecinos de cada municipio ha encargado a su alcalde y corporación”.
En el escrito remitido a los tres Consistorios, los concejales de VOX denuncian que la salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizadas constitucionalmente ha sido traicionado en agosto “por el sectarismo del socialista que preside la FEMP, que firmó un acuerdo con el Gobierno social comunista que supondría el mayor ataque en democracia a la autonomía municipal”. «Es un ataque a la autonomía local y gestión del dinero que debe hacer cada ayuntamiento con su dinero», denuncia Carrillo.
Los ediles recuerdan que VOX ha venido a “defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad en una gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus municipios”, y advierten de que esta formación “no va a permitir que el Gobierno de Sánchez blanquee su penosa gestión económica mediante ingeniería contable con el dinero de los españoles”.
Así, los tres concejales de VOX solicitaban en su Moción:
Instar al Gobierno de la Nación a la modificación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para restringir la posibilidad de creación de nuevas entidades que restrinjan la autonomía municipal.
Instar al Gobierno de la Nación a la modificación del artículo 32 LOEPYSF, que es de aplicación cuando la capacidad financiera y la RTGG son positivas, para que, temporalmente, además de la amortización de deuda municipal se permitan otras posibilidades como destino, por ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión de la pandemia COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y posteriores, y otras que se definan, quedándose así el dinero del Ayuntamiento en el Ayuntamiento.
Instar al gobierno de la Nación la modificación de la legislación vigente como Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para atribuir a las diputaciones provinciales de atribuciones para la completa asistencia a los ayuntamientos que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando duplicidades, vacíos o confusión competencial con las autonomías y, en definitiva, priorizar el servicio público y el interés general.
Solicitar la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos de la FEMP como asociación declarada de utilidad pública y ponerla a disposición de los grupos municipales.
