Durante el Pleno de septiembre en la Diputación de Alicante, el grupo VOX presentó una moción para defender la soberanía española de Ceuta y Melilla, a través de su portavoz Gema Aleman.
Los puntos de acuerdo recogían:
Reafirmar la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas.
Condenar las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí que cuestionan esa soberanía y califican territorios españoles como “ocupados”.
Instar al Gobierno de España a;
Exigir al Reino de Marruecos, por vía diplomática, una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la integridad territorial de España, incluida la soberanía sobre Ceuta, Melilla y el resto de las plazas de soberanía, a convocar al Embajador de Marruecos en Madrid para trasladarle la queja correspondiente y a llamar a consultas al Embajador de España en Rabat. Si persisten las reivindicaciones y el ataque a la soberanía nacional, insta a retirar al Embajador de España en Rabat y a declarar persona non grata al Embajador del Reino de Marruecos en Madrid.
Promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991, de conformidad con el artículo 96.2 de la Constitución Española y el artículo 37 de la Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, y a revisar el conjunto de instrumentos bilaterales, de modo que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática quede condicionada a la reciprocidad y al respeto efectivo de la soberanía española. Esa suspensión se mantendrá mientras Marruecos no formule la declaración de respeto referida y no coopere de forma activa y expeditiva en la readmisión de todos los nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión acuerden las autoridades españolas.
Exigir a Marruecos que acepte, sin excepción ni excusa, todos los retornos, devoluciones y expulsiones de personas de nacionalidad marroquí, mayores o menores de edad, adoptados en vía administrativa o judicial, habilitando de inmediato los medios precisos para su entrega y recepción. Ninguna conveniencia diplomática justifica el silencio o la ambigüedad ante reivindicaciones sobre territorio nacional.
Tanto el PP como el PSOE presentaron enmiendas de sustitución al petitum, todas ellas rechazadas por la portavoz aludiendo a que no se trata de una crisis humanitaria sino de una invasión, la importancia de suspender relaciones con Marruecos afirmando que “no es nuestro amigo quien nos invade” o que se reconociera que Marruecos había iniciado una guerra híbrida contra nuestra territorialidad y soberanía en connivencia con Sánchez y su Gobierno, advirtiendo que aun teniendo con fecha 29 de julio una nota identificada como TIFA 3136 por el centro nacional de Inmigración y fronteras que tenía como asunto ALERTA RIESGO SOBRE ENTRADAS EN CEUTA Y MELILLA, el Gobierno no hizo nada permitiendo la entrada de miles de invasores los días 30 y 31 de julio, en Ceuta.
No fue suficiente la vulneración de derechos fundamentales que sufren los ceutíes, la violencia, saqueos, enfermedades y agresiones sexuales para que el resto de grupos políticos votaran a favor, justificando de manera vaga su voto en contra, e incluso por parte del portavoz de Compromís se produjo un momento de mofa al llevar un mono de juguete a lo que Aleman le afeó acusándole de restar seriedad a la grave situación y falta de responsabilidad.
La intervención de Aleman terminó exigiendo la militarización de las fronteras de manera permanente, la devolución de todos los invasores a Marruecos, acciones políticas y judiciales contra ONGs, cargos públicos, gobernantes y ministros cómplices, suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos y la aplicación del art.102 de la Constitución para que Sánchez fuera juzgado por traición.
Una moción de gran calado para la defensa de España y los ceutíes a la que se pusieron de espaldas todos los grupos políticos.