La gestión de la pandemia de coronavirus realizada por el Gobierno ha afectado duramente al empleo, al producirse un gran número de despidos.
Desde el mes de febrero, en España han dejado de trabajar 325.590 asalariados, la mayor parte de los cuales pertenecientes a pequeñas y medianas empresas.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, al finalizar el mes de octubre los empleados de las empresas dadas de alta en la Seguridad Social ascendían a 13.849.675 frente a los 14,17 millones existentes al cierre del mes de febrero. Del total de despidos ejecutados en este periodo de tiempo, 269.365 correspondían a empresas con menos de 50 trabajadores y la mayor parte se han producido como consecuencia de la disolución de dichas empresas. De hecho, solo las grandes compañías, es decir, aquellas que tienen en su haber más de 499 empleados han conseguido aumentar su número.
Además, las últimas estadísticas aparecidas en la prensa cuantifican en 38.000 el número de empresas que han cerrado como consecuencia de la crisis. De entre ellas el 96% son pequeñas y medianas empresas.
El gobierno de Sánchez e Iglesias no ha impulsado medidas suficientes que ayuden a la protección de nuestro tejido productivo, especialmente en el caso de las pymes. Son éstas las que, en una situación de pandemia y de crisis económica y ante la ausencia de planes de estímulo específicos, están sufriendo sus peores consecuencias.
VOX, de la mano de Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de relaciones internacionales, presentó un programa llamado Protejamos España, en el que proponía una serie de medidas con el objetivo de para salvaguardar la salud y la economía de todos los españoles. Algunas de las medidas incluían la suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades) y, en el caso de los autónomos, la supresión del devengo de cuotas de la Seguridad Social durante el plazo que durara el confinamiento.
Además, Espinosa de los Monteros afirmó que el principal objetivo debía ser la protección del tejido productivo para evitar el cierre tanto de pequeñas y medianas empresas como de autónomos. El gobierno de Sánchez, por el contrario, prefirió continuar con sus políticas negligentes que nos han conducido a esta situación.