Las negociaciones para los Presupuestos en Andalucía han devenido en acuerdo que permitirá a la región tener unas nuevas cuentas condicionadas por las exigencias de VOX.
El camino ha finalizado con un acuerdo programático que se presentó al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y en el que VOX hacía llegar hasta 72 demandas necesarias para una mejora política, institucional, social y económica en Andalucía.
El acuerdo llega tras haberse comprometido a llevar a cabo la inmensa mayoría de nuestras demandas. Las propuestas que hicimos, hoy convertidas en pacto, abarcan todo tipo de ámbitos que mejorarán el estado de la región.
Entre otros, se ha acordado la creación de un comité para el seguimiento de dicho pacto. Este comité, evaluará el cumplimento de las medidas y controlará el gasto y la ejecución de los fondos procedentes de Europa. Estará compuesto por la Consejería de Hacienda y hasta cinco miembros de VOX.
Además, se llevará a cabo una completa revisión de la política de subvenciones y ayudas que la Junta de Andalucía concede en aras de mejorar el sistema y controlar estrictamente el destino de cada euro público aportado por los españoles.
También se contemplan ayudas a la ganadería, así como un programa de ayuda para agricultores jóvenes y una revisión completa de los conocidos informes sobre el «impacto de género», aparejado a cualquier proyecto de ámbito autonómico que se desarrolla.
Entre los principales puntos, destaca también los tres millones de euros que, en lugar de ir a parar a terceros países, se destinarán a un banco de alimentos que ayudará a cientos de andaluces a sobrellevar el desempleo, la falta de recursos o las dificultades económicas derivadas de las políticas del gobierno de Sánchez e Iglesias.
Además, se retirarán quince millones de euros al presupuesto de la televisión pública, que podrán usarse en menesteres de mayor importancia, y que reforzarán las partidas sociales de las que podrán beneficiarse un mayor número de personas.
Además, se ha acordado el crear una gran base de datos en la pueda registrarse un seguimiento de la inmigración ilegal por parte de ayuntamientos y comunidad, algo destinado a la colaboración con la policía y que ayudará a mejorar la situación de miles de vecinos afectados hoy por las consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada.