El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, ha sido entrevistado por Javier Negre y ha explicado en qué consiste la querella que ha interpuesto su formación contra el presidente Sánchez.
El político catalán que, recordemos, es abogado del Estado, ha hecho constar su preocupación por la situación en la que se encuentra España y ha anunciado que VOX ha presentado dos tipos de acciones diferentes.
Por un lado, afirmó Buxadé, su partido ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra todos los miembros del Gobierno de la nación por varios delitos entre los que se encuentra “la imprudencia grave con resultado de muerte”. Una acción que se entiende cuando se echa un vistazo a las cifras y se observa que nuestro país se sitúa ya por encima de los veinte mil fallecidos (según unas fuentes oficiales cuya credibilidad está, en estos momentos, por los suelos).
El eurodiputado catalán ha asegurado que saber, con exactitud, el número de fallecidos en España es una información esencial para ayudarnos a combatir la pandemia en la medida en que puede facilitar dibujar un mapa de contagios del país y, de esta manera, puede facilitar la adopción de medidas sanitarias que permitan el “desconfinamiento” parcial de la población y la reactivación de la economía.
Buxadé ha destacado cómo estos errores están siendo cruciales a la hora de colocar a España como el principal país en número de fallecidos por millón de habitantes ya que los protocolos y medidas que se han adoptado están teniendo, como resultado, no la prevención de la población sino un masivo número de fallecidos.
Sobre el recorrido judicial de la medida y la confianza que le merece el Tribunal Supremo, el político catalán ha negado con rotundidad que estemos ante una medida de “marketing” y ha afirmado que, como abogado del Estado, confía en las instituciones judiciales y en que éstas valoren una querella que ha sido redactada con tanta precisión y con alusiones y citas constantes a documentos y declaraciones realizadas por los principales responsables del Gobierno en la gestión de la pandemia.
Sobre este tenor, el vicepresidente de VOX ha recordado que la Fiscalía General del Estado (encabezada por la exministra de Justicia del anterior gobierno de Pedro Sánchez), no es un órgano judicial por lo que el responsable político ha dicho compartir la desconfianza presente en gran parte de la sociedad española tanto hacia su actuación como hacia la principal responsable del órgano (Dolores Delgado).
Buxadé ha llamado la atención sobre distintos vaivenes en las recomendaciones (el uso o no de las mascarillas, la negativa a utilizar determinadas unidades de UCI, etc.) achacables a varios de los principales responsables políticos del Gobierno (Illa, Sánchez, Iglesias…) así como en negligencias como la responsabilidad por omisión en la prevención de los riesgos laborales para los trabajadores.
En este sentido, el político catalán, ha criticado que el Gobierno haya lanzado a miles de trabajadores a retomar sus actividades mientras no les dotaba de los equipos de protección necesarios para ello.
El vicepresidente de VOX, ha reclamado que el Gobierno debería estar utilizando los poderes otorgados por la declaración del Estado de Alarma para defender y proteger a los españoles y no para imponer su agenda ideológica chavista y el silenciamiento de la oposición.
A continuación se ha referido a las palabras pronunciadas por el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando afirmó que trabajaban para contener «el estrés social» y para evitar «el clima de opinión adverso al Gobierno» recordando que en las medidas judiciales que han solicitado, se ha incluido que el Tribunal Supremo realice las pesquisas pertinentes sobre el origen de esta instrucción (¿viene directamente del Gobierno?¿cómo se ha producido? y otros interrogantes que ha suscitado).
Finalmente, Buxadé ha ejemplificado por qué piensa que el Gobierno está vulnerando algunas de las libertades fundamentales en el Estado de Alarma hecho que, según el abogado, es constitutivo de delito. Para ello ha repasado desde la monitorización de las redes sociales que, según las informaciones, se está realizando hasta la subvención y el silenciamiento de los medios de comunicación críticos con la gestión de este Gobierno.