Según la Guardia Civil, el detenido incumplía las limitaciones para la posible búsqueda de objetivos.
Se trata de un ciudadano marroquí detenido en Barcelona por Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil. Se le relaciona con el grupo terrorista Daesh.
Según se ha podido saber, se habría radicalizado durante el estado de alarma que tiene lugar en España desde hace varias semanas debido a la expansión del coronavirus.
La investigación de lo ocurrido ha sido realizada conjuntamente por la Dirección General de Seguridad del Terrorismo marroquí y ha contado también con la participación del FBI (EE.UU).
Los agentes han señalado que había referencias relacionadas con su radicalización desde hace, al menos, cuatro años. «Hasta fechas recientes, ese proceso de radicalización se mantenía bajo una apariencia de discreción, tanto desde el plano físico como virtual, que en ningún caso lo identificaban como un actor crítico«, apuntan.
Se baraja que esta radicalidad esté relacionada con los llamados que se han hecho desde la dirección del grupo terrorista hacia los actores o “lobos” solitarios, a los cuales se les insta a actuar en territorio occidental.
Estos hechos confirman lo que VOX lleva señalando desde el inicio de la formación: la necesidad de someter a las fronteras a un control extremo que determine quiénes son las personas que entran en nuestro país.
Las medidas de VOX
VOX, en sus medidas 23 y 24 para la España Viva recoge la necesidad de hacer frente a este problema: Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los imanes que propaguen el integrísimo, el menosprecio a la mujer o la yihad.
«Prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, ocualquier interpretación fundamentalista del islam. Exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto en suelo español», recoge la medida 24.
Además, casa con la necesidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, pero también a los legales que, residiendo aquí, hayan cometido delitos en nuestro país.