El Gobierno busca silenciar a la España de los balcones

El Gobierno continúa tratando de controlar las protestas pacíficas que miles de españoles realizan en respuesta a la gestión de Sánchez.

Siguiendo la creciente preocupación que muestra el Ejecutivo por el control de información, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, es momento de sumar ahora las protestas vecinales que, espontáneamente, se han ido sucediendo a lo largo de la geografía española.

A las muestras de desaprobación que se han prolongado durante todo el estado de alarma se suman las constantes caceroladas que, día sí día también, se dejan oír en los diferentes barrios de España.

El Gobierno, que tal y como dejó claro el pasado día 19 de abril trabajaba por “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis”, ve con preocupación estas protestas y, desde la policía, ha dado orden a de rastrear webs o perfiles en que fomenten este tipo de actos.

El recurso utilizado para justificar esta medida basa sus excusas en las aglomeraciones y las medidas sanitarias, pero lo cierto es que fuentes de la policía han manifestado su malestar con la medida, pues UPF ya ha denunciado órdenes políticas y cree que se están superando las “líneas rojas” del estado de alarma, al que asemejan ya al estado de sitio.

Controlar la información y la protesta

La intención con esta medida no es otra que acallar las protestas espontáneas que evidencian el malestar de los españoles por la gestión que el Gobierno ha hecho antes y durante esta crisis sanitaria, la cual amenaza con una económica posterior.

El flujo de información ha sido una preocupación constante en los planes del Ejecutivo, especialmente en los momentos más duros de la pandemia, pues a las declaraciones policiales y del ministro de Interior han de sumarse las cuantiosas cifras destinadas a inyectar dinero en medios de comunicación privados. El objetivo es apuntalar un relato, una narrativa de los hechos que amordace a los españoles e impongan su visión.