El gobierno de Pedro Sánchez, cumpliendo con su hipoteca política adquirida para acceder al poder, ha materializado una de sus principales promesas con el Partido Nacionalista Vasco.
La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha acudido a Vitoria para cerrar el acuerdo mediante el cual el gobierno central ha aceptado transferir la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Este gesto forma parte de un contexto de cesiones continuadas por parte del gobierno del Estado a los nacionalismos fragmentarios y periféricos que han vivido durante décadas del chantaje.
La cesión no ha tardado en llegar, pues forma parte de la agenda de Sánchez con sus socios, que no empieza ni termina aquí. Junto con la gestión de la Seguridad Social, se ha acordado un calendario de concesiones en el que hay fijadas otras treinta más. Entre ellas las de prisiones, también transferida en otras comunidades autónomas como Cataluña.
Este tipo de concesiones, prolongadas en el tiempo durante años, no entienden de partidos y han estado presentes a lo largo de diferentes gobiernos y legislaturas, pues encuentran su legitimidad en un sistema autonómico que ha creado diecisiete estados en una España cada vez más fragmentada.
Por ello, VOX ha defendido desde su fundación la supresión de un Estado autonómico que devuelva las competencias. Así lo ha reflejado en su sexta medida: «Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica».