La hostelería está siendo uno de los sectores que, con mayor dureza, está sufriendo las restricciones impuestas por el Gobierno.
La última medida aprobada por el gobierno español se traducirá en que la Seguridad Social va a denegar al sector de la hostelería cualquier ayuda relacionada con el cese de su actividad. En este caso, el Ejecutivo español se ampara en el argumento de que muchos de ellos pueden seguir parcialmente con ella, proporcionando comida a domicilio o ‘take away’.
El gobierno de Sánchez e Iglesias se enorgullece de haber adoptado todo un conjunto de medidas con el fin de aliviar a los trabajadores presenciales durante la segunda ola. Entre ellas destacan la prolongación de los ERTEs o la ayuda para autónomos por cese de actividad en los casos que afectara a su actividad. Sin embargo, será en la aplicación de dicha medida en la que el gobierno utilice el pretexto explicado con anterioridad para reducir la cantidad de beneficiarios y la cuantía de dichas ayudas.
En las comunidades autónomas en las que se ha decretado el cierre de la actividad de los bares y restaurantes, los hosteleros comenzaron a solicitar las prestaciones. Sin embargo y, para su sorpresa, la Seguridad Social rechazó la concesión de dichas ayudas.
A ello se añadiría los peligros que, de una mala gestión de la segunda ola, se derivan de cara a la campaña de Navidad. Ésta es una época en la que el consumo vive un incremento exponencial y, en el caso del sector hostelero, se pondrían en peligro alrededor de 11.000 millones de euros.
VOX presentó en marzo el plan Protejamos España con el objetivo de proteger la salud y el tejido económico de nuestro país. Dentro de dicho plan y para el caso que nos ocupa destacaban tanto el plan de Emergencia Económica Nacional como la medida, cifrada en 80.000 millones de euros, que hubiera obligado al Estado a pagar las nóminas de todos los trabajadores a los que el confinamiento les impidió trabajar durante 3 meses
Además, tal y como explicó el vicesecretario de relaciones internacionales del partido y diputado por Madrid, Iván Espinosa de los Monteros, también se contemplaban medidas como la suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades), la de todos los impuestos que gravaban el consumo de suministros de los hogares de los españoles (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones.