La gestión del gobierno de Sánchez e Iglesias en la crisis del Covid-19 ha azotado duramente a nuestra economía.
Esta vez, es la Seguridad Social la que se ha visto afectada por las políticas económicas del Gobierno. El volumen de deuda alcanza ya un valor que asciende de los 74.855 millones de euros, un 6% del Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, según pronostican diferentes entidades económicas, la deuda de la Seguridad Social continuará incrementándose en los próximos años.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que, hasta el año 2050, el gasto estructural del sistema ascenderá 3.3 puntos del PIB, llegando a alcanzar una deuda del 56.3%.
Según un informe publicado a comienzos de esta semana por una entidad bancaria, un 75% de españoles está preocupado por el sistema público de pensiones. Además, este documento afirma que, el 90% piensa que no cobrará pensión o no será suficiente para garantizar su nivel de vida.
A toda la deuda generada se suma la incapacidad del Gobierno, quien no toma las medidas oportunas para revertir esta situación. A lo citado anteriormente, hay que añadir la dificultad extra que sufrirá la Seguridad Social tras la llegada de la pandemia a nuestro país. La caída de ingresos, el desempleo y los ERTEs hacen una complicación adicional a la situación.
El gobierno de Sánchez e Iglesias no ha impulsado medidas suficientes que ayuden a la protección de nuestro tejido productivo, especialmente en el caso de las pymes. Son estas las que, en una situación de pandemia y de crisis económica y ante la ausencia de planes de estímulo específicos, están sufriendo sus peores consecuencias.
VOX, de la mano de Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de relaciones internacionales, presentó un programa llamado Protejamos España, en el que proponía una serie de medidas con el objetivo de para salvaguardar la salud y la economía de todos los españoles. Algunas de las medidas incluían la suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades) y, en el caso de los autónomos, la supresión del devengo de cuotas de la Seguridad Social durante el plazo que durara el confinamiento.
Además, Espinosa de los Monteros afirmó que el principal objetivo debía ser la protección del tejido productivo para evitar el cierre tanto de pequeñas y medianas empresas como de autónomos. El gobierno de Sánchez, por el contrario, prefirió continuar con sus políticas negligentes que nos han conducido a esta situación.