El Parlamento Europeo aprueba una enmienda de VOX denunciando los ataques de la Generalitat al Estado de Derecho

A petición de Jorge Buxadé, la comisión de Peticiones de la Eurocámara condena también que los gobiernos negocien con terroristas

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado este martes dos importantes enmiendas presentadas por VOX al informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en 2020. 

La primera de estas enmiendas se refiere al incumplimiento sistemático de sentencias judiciales por parte de la Generalitat catalana, así como el acoso verbal y físico instigado por las autoridades separatistas a alumnos y padres que quieren estudiar en español. Concretamente, la comisión europarlamentaria “lamenta las actitudes de las autoridades del gobierno catalán, que alardean públicamente de su negativa a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales competentes en el ámbito de la educación, vulnerando de forma flagrante el derecho de los niños a estudiar en la lengua oficial de su Estado miembro; considera que estas actitudes y acciones, junto con el acoso a los demandantes, ponen en peligro el respeto del Estado de Derecho y la separación de poderes, lo que perjudica gravemente la ley y los derechos de los ciudadanos”.

La segunda enmienda expresa su “total solidaridad y pleno apoyo a todas las víctimas del terrorismo; condena que los actuales Gobiernos negocien con los herederos de bandas armadas; lamenta que siga habiendo atentados terroristas sin resolver, en especial los 379 asesinatos sin resolver cometidos por el grupo terrorista ETA”.

Ambas enmiendas, presentadas por Jorge Buxadé en nombre de VOX y el grupo ECR, son la cara positiva del día. Sin embargo, la misma comisión de Peticiones ha tumbado, con el voto en contra de socialistas y la abstención de populares, una tercera enmienda sobre los abusos sexuales a menores en varias Comunidades Autónomas en la que se pedía condenar “las acciones de ocultación y omisión de las administraciones públicas en relación con el abuso sexual de menores bajo la tutela de las administraciones regionales en España”, así como “a los políticos que han intentado acabar con las investigaciones parlamentarias destinadas a aclarar responsabilidades por razones ideológicas o partidistas”.