El Gobierno ha obviado responder a la senadora de VOX Yolanda Merelo, quien registró una batería de preguntas en relación a la rebaja de condenas y la salida de prisión de forma anticipada de agresores sexuales, beneficiados por la conocida como ley del «sí es sí» del Ministerio de Igualdad, y la alarma social que ha generado, especialmente entre las víctimas de los reos que ya se encuentran en libertad.
La senadora quería saber si el Gobierno tenía previsto indemnizar a las víctimas que resulten de la Ley Montero. Sin embargo, en su respuesta, el Ejecutivo ha obviado la pregunta. Tampoco ha hecho referencia en su respuesta a la pregunta que Merelo realizó sobre si va a depurar responsabilidades políticas por las consecuencias de esta ley.
Respecto a los reos beneficiados por la entrada en vigor de la Ley Montero, el Gobierno remite al Consejo General del Poder Judicial para conocer las cifras.
Para Merelo: «Los datos conocidos hasta ahora revisten una gravedad suficiente como para surja la necesidad de depurar responsabilidades política». Y es que, esta ley «ha supuesto una disrupción en el principio constitucionalmente protegido de seguridad jurídica, y en los principios de eficacia, eficiencia, proporcionalidad y necesidad que vinculan al ejercicio de la potestad legislativa».
Como consecuencia se ha generalizado un sentimiento de «inseguridad, frustración y desamparo que contribuye a minar la confianza de los españoles en sus instituciones y, muy especialmente, de aquellos que han sido víctimas directas o indirectas de agresiones de índole sexual». «Lejos de suponer una mera equivocación salvable, esta ley va a extender sus efectos a corto, medio y largo plazo, sin posibilidad de enmienda, dejando a un número imposible de determinar de criminales sexuales en las calles, muchos de los cuales tendrán vía libre para reincidir», advierte la senadora de VOX.