La Comisión Europea da la razón a VOX sobre la violencia y delincuencia sistemática de Podemos

Von der Leyen coincide con Buxadé en la necesidad de garantizar la participación en procesos electorales “sin temor a amenazas o intimidaciones”

La Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha contestado una solicitud del Portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en la cual se denunciaba a Unidas Podemos por su «apoyo directo o indirecto a las manifestaciones públicas violentas que finalizan con altercados, quema de mobiliario público y enfrentamientos con las fuerzas del orden», así como por los «antecedentes penales» de varios de sus dirigentes.

El Vicepresidente Político y Eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, firmó la misiva en la que recordaba que Alberto Rodríguez, Isa Serra o Pablo Echenique, han sido condenados por la justicia sin que hayan asumido apenas consecuencias. Recordó así cómo Rodríguez pateó a un policía y la que fuera diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, fue condenada por un delito de atentado contra la autoridad, lesiones y daños, cuando insultó, empujó y lanzó objetos contra la policía. Echenique y Juanma del Olmo lo fueron por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un fallecido.

Por ello, VOX Europa reclamó a la Comisión Europea una «condena pública de todos los hechos expuestos» y que se reconozca la soberanía de los Estados Miembros, en este caso España, para combatir ese tipo de comportamientos.

Llega así la respuesta de la Comisión, en la que Von der Leyen manifiesta compartir la preocupación de Buxadé por “la repercusión de la violencia y la intimidación en los procesos democráticos”, reconoce el derecho al “acceso justo a la campaña electoral” (vulnerado en numerosas ocasiones como las agresiones en el mitin de VOX en Vallecas, en las pasadas elecciones madrileñas) y la necesidad de “fomentar elecciones libres y justas” con “medios de comunicación libres e independientes”.

Así mismo, en su escrito, la Presidenta deja claro que es competencia de las autoridades nacionales “garantizar el cumplimiento y la aplicación del Derecho” en las elecciones y procesos democráticos sin que exista en ningún caso “amenazas o intimidaciones” como los realizados repetidamente por miembros de Unidas Podemos.