Ángel Pelayo, senador de VOX por Extremadura, ha reprochado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que haya comparecido hoy en el Senado para anunciar medidas «como si acabaran de llegar al Gobierno», cuando el PSOE «lleva cinco años ya».
Del mismo modo, Pelayo ha afeado a Rodríguez que no haya hecho ninguna referencia a la ley de vivienda, ni a los efectos que ha tenido en los ciudadanos, durante su comparecencia. Unas consecuencias que para el portavoz de VOX han sido claras: «Se ha cargado sobre los hombros de los propietarios, ni tan siquiera sobre los grandes propietarios, la protección social que le corresponde al Estado sobre los inquilinos».
En definitiva, esta ley «es una autentica desprotección a la propiedad privada en favor de la protección del derecho a una vivienda». Sin embargo, tal y como ha explicado Pelayo, «el derecho a una vivienda no es el derecho a la vivienda ajena, sino a la vivienda digna, como dice la Constitución».
Al hilo, ha reclamado, tal y como propone VOX, una liberalización del suelo, así como una bajada de impuestos, ya que la vivienda «está muy penalizada fiscalmente». Además, la definición de «grandes tenedores» es «muy injusta» porque, como ha explicado, «no es lo mismo tener cinco pisos en el madrileño barrio de Chamberí, que tenerlos en Mérida, donde es más asequible».
Políticas equivocadas
En definitiva, el Gobierno tiene que empezar por ver «qué de equivocado hay en sus políticas». Y es que, por ejemplo, para los jóvenes, según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), España es el cuarto país de la Unión Europea con la edad media de emancipación más tardía.
También ha afeado a la ministra que no supiera que la crisis del ladrillo comenzó en 2008, «y no apenas hace una década», como ha dicho la titular de Vivienda. Y es por ello que ha recriminado a los gobiernos del PSOE y del PP que «no hayan hecho una política lógica de vivienda».
Por último, ha reprochado a Rodríguez que no haya hecho referencia al problema de la ocupación, que ha salido reforzada, ha recordado, gracias «a la presión de sus anteriores socios de Gobierno», lo que ha generado una gran «inseguridad jurídica» a los propietarios, que, para recuperar sus viviendas, «tienen que esperar años».