“Existen motivos más que sobrados para presentar este recurso [de inconstitucionalidad de la Ley Celaá] por parte de la Comunidad de Madrid, por considerarlo no conforme a la Constitución y que afecta a la Comunidad de Madrid, dado que limita de forma indebida y desproporcionada derechos fundamentales de los madrileños”. Así reza la petición de VOX para que la Asamblea apruebe llevar la LOMLOE a los tribunales, ya que la Educación es una de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Pero PP y Ciudadanos se han aliado con el PSOE para tumbar dicha iniciativa.
Tanto la Mesa como la Junta de Portavoces de la Asamblea han rechazado siquiera llevar a Pleno dicha petición elevada por el GPVOX amparándose en los artículos de 16.3g) del Estatuto de Autonomía, 222 del Reglamento de la Asamblea y el 27.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Solo el vicepresidente tercero, Ignacio Arias, votó a favor de la misma, pese a las sobradas justificaciones que había para dar luz verde a dicha propuesta.
Para empezar, la Ley Celaá vulnera el derecho fundamental a la libertad de Educación recogido en el artículo 27 de la Constitución. “La ley pretende imponer a los niños una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada, diferenciada, la educación especial y la educación en español”, recuerda el escrito presentado por VOX.
Pues estaría bien no haber votado hace 5 minutos, en Junta de portavoces, en contra de presentar recurso de inconstitucionalidad a la Ley Celaá en la Asamblea de Madrid. Las competencias de educación las tiene las comunidades y el reglamento contempla la presentación de recurso. https://t.co/JPyrNedcQn
— Rocio Monasterio (@monasterioR) January 19, 2021
La LOMLOE no solo elimina el criterio de demanda social para la elección de centro educativo, vulnerando así el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, sino que también extiende al resto de comunidades la situación ilegal que, de facto, se da en Cataluña, al eliminar el español como lengua vehicular. “La Ley Celaá se aparta de lo establecido por el Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüística y del reconocimiento del español como la lengua propia de todos los españoles”, denuncia VOX en su iniciativa.
PP y Ciudadanos han demostrado, una vez más, que han abandonado a los compatriotas catalanes que llevan años luchando para que se respeten sus derechos fundamentales y, además, se han aliado con el PSOE para permitir el paso de la inconstitucional Ley Celaá al resto de comunidades, incluida Madrid. En la lucha de los derechos y libertades de todos los españoles ya solo queda VOX.