El Gobierno de Sánchez ha decidido ir un paso más allá en su campaña de presión hacia los partidos de la oposición.
Por si no fuera suficiente con comparecencias semanales que rondan los 80 minutos de duración y donde se enorgullece de los efectos de las medidas que, como bien ha insistido en numerosas ocasiones el vicesecretario de relaciones internacionales de VOX (Iván Espinosa de los Monteros), están llevando al país a la ruina (hoy se han conocido los dramáticos datos de desempleados del mes de abril, con un repunte del 8% cifrado en 282.891 personas que acaban de engrosar las listas del paro), el Gobierno ha amenazado a la oposición y, por extensión, a los españoles con un presumible fin de los ERTEs si dichos partidos no le aprueban la renovación por 15 días más del Estado de Alarma.
Este Estado de Alarma que, tal y como ha sostenido el líder de VOX y la secretaria general del grupo parlamentario del partido en el Congreso (Santiago Abascal y Macarena Olona, tiene visos de ser un Estado de Excepción “encubierto” fue planteado el sábado por el presidente como necesario y ayer mismo por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como indispensable para poder gestionar con una mínima seguridad la fase de “desescalada”.
Desde VOX, con un Gobierno que acumula ya en su gestión más de 25.000 fallecidos (en cifras oficiales), pensamos que gestión, seguridad y Gobierno de Sánchez son términos que no pueden estar en la misma frase.
A ello, además, ha venido a unirse que las quejas realizadas por egregios miembros de la progresía cinematográfica y cultural han tenido unos efectos devastadores sobre el ministro Rodríguez Uribes.
Éste, al haber dejado en el aire, en un primer momento, la concesión de ayudas a un sector fuertemente subvencionado, se ganó las iras de un colectivo que presta un “impagable” servicio a la izquierda cuando está en la oposición y que, por ello, decide cobrárselo siempre que ésta se encuentra en el poder.
Por ello este martes en la reunión del Consejo de Ministros, todo parece indicar que, como ha señalado el periódico ABC, el ministro Uribes ha rectificado su posición y que va a llevar preparado un Real Decreto donde se contemplan algunas medidas como el aumento en un 5% de las deducciones del IRPF para este colectivo o la previsión de un acceso “extraordinario” a la prestación por desempleo de los artistas de espectáculos públicos “que no se encuentren afectados por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada”.
Este conjunto de medidas, además, se desarrollarán conforme a la ideología de género dominante en el Gobierno, ya que parten de la base de considerar en “situación de vulnerabilidad” a las mujeres que trabajan en este sector y, bajo el pretexto manido de la desigualdad, van a tratar de inspirar medidas discriminatorias hacia el resto de los españoles (tanto del mismo sector como, en el caso del “acceso extraordinario” para todos aquellos ciudadanos que, como los autónomos, no cuenten con la gracia de un Gobierno que lo que reparte por un lado, se lo cobra en cuotas de la Seguridad Social que “ha prometido” devolver por el otro).