Diferentes medios de comunicación han publicado la última medida del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por la que sube el sueldo a expresidentes y ex consejeros de la institución.
El separatismo ha vuelto a aprovechar el coronavirus para meter en un decreto de medidas destinadas a paliar los efectos de la pandemia, un aumento salarial del 2% para los altos cargos de la Generalitat, del 0,9% en las pensiones de los ex consejeros y de un porcentaje no determinado en las asignaciones que reciben los expresidentes. Los votos favorables de los partidos del gobierno autonómico (ERC y JxCat) han permitido su convalidación.
Sin embargo, esta no es sino la última de la larga lista de medidas mediante las cuales Torra y sus aliados aliados separatistas continúan imponiendo su agenda, a pesar de los desastrosos efectos que, tanto para la salud de los ciudadanos como para su economía, está causando el coronavirus.
Torra se sube el sueldo
Ignacio Garriga, diputado de VOX por Barcelona, ha señalado, de manera reciente, los excesos y las tácticas propagandísticas y de imposición de la hoja de ruta separatista cometidos por el presidente de la Generalitat y sus aliados. Ésta tendría un fin que no es otro que el de sembrar división entre los catalanes y asegurarse sus puestos en la órbita del poder. Uno de los hechos que han dejado patente esta cuestión es el incremento salarial que Torra se ha hecho, duplicando así el sueldo anual del presidente del Gobierno.
No hay dinero para test, mascarillas, EPIs o mejorar la situación en las residencias de mayores, pero sí para incrementarse el sueldo y subir, además, del de los expresidentes: “Porque si algo han demostrado, es que destinarán todo lo que esté en su mano a garantizarse el nivel de vida que han obtenido sembrando odio y división”.
Pero el gasto presupuestario no se limitó a los sueldos, ya que mientras los autónomos no trabajaban pero sí pagaban su cuota, Torra destinaba cantidades ingentes de dinero a entidades ideológicas afines. Un ejemplo de ello lo encontramos en los más 245 millones de euros destinados a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o en los más de 76 millones destinados a la labor de propaganda exterior, prolongada en el tiempo durante años y tolerada por Gobiernos socialistas y populares. «Mientras nuestros mayores fallecen en residencias, Clara Ponsatí se ríe y Torra apuntala su agenda destinando 76.196.020€ a propaganda exterior», ha apuntado el diputado de VOX.
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Torra es un presidente ilegal que ha sido inhabilitado por el Supremo. VOX lleva meses exigiendo el cumplimiento de esta orden. La inacción del Gobierno convierte a Sánchez en cómplice de esta desobediencia. #ProtejamosCataluña#Pressupostos2020 https://t.co/gsbtYh590W— Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) April 24, 2020
VOX interpone una querella contra Torra
En el mes de abril VOX también interpuso una querella criminal ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, la consejera de Sanidad, Alba Vergés; el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani Lesfar; y el secretario de Salud Pública, Joan Guix Oliver, por los delitos imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad.
En su escrito, la formación recordaba que el Gobierno regional, que tiene transferidas las competencias en materia de Sanidad desde 1981, desoyó desde el primer momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el Coronavirus. Además, ignoró los acontecimientos que se estaban produciendo en China e Italia y alentó manifestaciones, como la celebrada por los separatistas en Perpiñán o la manifestación feminista del 8 de marzo en Barcelona. Incluso, recordó VOX en la querella, se realizaron declaraciones públicas en las que negaron la gravedad del pandemia, motivo por el cual, explicaba la Generalidad, no habrían tomado medidas al respecto.
La querella se refirió también a los impedimentos que el Gobierno presidido por Torra puso a la Guardia Civil, a la Unidad Militar de Emergencia (UME) y al Ejército de Tierra. Esta actitud de la Generalidad de Cataluña dilató la actuación de las Fuerzas Armadas en una situación de grave emergencia sanitaria por una “cuestión ideológica”.
Finalmente la vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro, y el letrado Juan Cremades destacaron en su redacción la “negligencia de la Generalidad en la gestión de los geriátricos y residencias de mayores”. Estos centros han carecido de los medios necesarios para afrontar la situación, limitaron el esfuerzo terapéutico a los pacientes mayores de 80 años afectados por el Coronavirus, a quienes se les ha negado, durante toda la epidemia, la asistencia sanitaria, discriminándoles por edad.