El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha comparecido ante los medios de comunicación durante su visita a Segovia, donde ha advertido de que España afronta unas elecciones generales «existenciales» el próximo 29 de noviembre, en las que los españoles tendrán la oportunidad de poner fin a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Garriga ha denunciado que estos comicios se celebrarán en una situación de «excepcionalidad y anormalidad», marcada por la crisis migratoria en Ceuta y El Hierro y por las irregularidades electorales que su formación ha denunciado en distintos consulados españoles.
El secretario general ha acusado a Sánchez de haber condenado a numerosas familias a no poder llegar a final de mes, a los jóvenes a tener dificultades para acceder a una vivienda y a los trabajadores a sufrir una creciente inseguridad en sus barrios. Asimismo, ha denunciado la presión fiscal y burocrática que soportan los autónomos y las pequeñas empresas.
Durante su comparecencia, Garriga ha advertido de que las elecciones generales del próximo domingo no se celebrarán en un contexto de normalidad democrática. «Ceuta sigue invadida, El Hierro sigue invadida», ha denunciado el secretario general, haciendo referencia a la situación migratoria que atraviesan ambos territorios y responsabilizando al Gobierno de Pedro Sánchez de su gestión.
Asimismo, Garriga ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con el voto en el extranjero. Según ha explicado, VOX ha tenido conocimiento de que en determinados consulados españoles se estarían utilizando cajas de cartón para recoger sobres electorales de personas cuyo derecho a voto, según sostiene la formación, habría quedado suspendido por una resolución del Tribunal Supremo. «Ahora tenemos a los esbirros de Sánchez en forma de cónsules en algunos puntos del mundo que han decidido desobedecer al Tribunal Supremo y poner cajas de cartones para que aquellos a los que el Tribunal Supremo había suspendido el derecho a voto puedan depositar los sobres en esas cajas», ha afirmado.
En este sentido, Garriga ha anunciado que VOX ha presentado una denuncia contra el ministro Félix Bolaños, contra Albares y contra quienes, según su formación, estén desobedeciendo las indicaciones del Tribunal Supremo.
El secretario general ha situado las elecciones generales como una oportunidad para decidir entre la continuidad de las políticas socialistas y el proyecto político que propone VOX. Garriga ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber provocado una situación de deterioro económico y social que afecta especialmente a las familias, los trabajadores, los jóvenes y los autónomos.
En este sentido, ha denunciado la «corrupción institucionalizada» y la «degradación» que, según ha afirmado, han caracterizado la gestión del Ejecutivo socialista. El secretario general ha contrapuesto esta situación con la propuesta de VOX de construir una «España nueva y decente», basada en la mejora de los servicios públicos, la reducción de impuestos, la simplificación administrativa y la aplicación de la prioridad nacional.
Durante su comparecencia ante los medios, Garriga también ha defendido la utilidad de las políticas impulsadas por VOX en aquellas comunidades autónomas donde su formación ha tenido responsabilidades de gobierno o capacidad para condicionar las decisiones del Ejecutivo. En referencia a Castilla y León, el secretario general ha destacado las medidas dirigidas al sector primario, asegurando que cuando VOX gobierna «los agricultores y los ganaderos son los primeros que reciben las ayudas a la PAC».
Asimismo, ha señalado que su formación tiene identificados más de 133 proyectos legislativos que pretende eliminar para reducir las cargas burocráticas que afectan a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Garriga también ha defendido una reasignación de los recursos públicos para reforzar los servicios sociales y las prestaciones destinadas a los españoles.
En este sentido, ha asegurado que VOX pretende acabar con la financiación pública de aquellas ONG que, según denuncia la formación, colaboren con el tráfico de personas o con la inmigración ilegal, así como reducir al mínimo las partidas destinadas a cooperación internacional. «Queremos que ese dinero vaya para las ayudas sociales y para los servicios públicos de los españoles», ha afirmado.
Por último, Garriga ha puesto como ejemplo Aragón, donde ha destacado la incorporación del principio de prioridad nacional a la legislación autonómica en materia de vivienda, como muestra de las políticas que su formación pretende extender al conjunto de España.




