El acuerdo para la venta del Acuartelamiento de Loyola en San Sebastián, alcanzado por el Ayuntamiento de la ciudad y el Ministerio de Defensa, pone en tela de juicio la presencia del Ejército de España en Guipúzcoa, tal y como VOX lleva denunciando desde hace años.
De hecho, el propio alcalde de San Sebastián, el nacionalista Eneko Goia, ha detallado que existe un compromiso del Gobierno de España para que el Ejército abandone el referido acuartelamiento en un plazo máximo de cuatro años, pero en ningún momento garantiza su realojo, ni concreta el lugar que ocupará en la capital guipuzcoana una vez completado el desalojo.
Defensa únicamente baraja posibilidades y ninguna certeza. “Se plantea la hipótesis de trasladar el acuartelamiento a los terrenos de la Hípica de Loyola, espacio sensiblemente inferior al que hoy ocupa y que, en el mejor de los casos, condenaría al Ejército a una presencia puramente testimonial en Guipúzcoa”, denuncia la parlamentaria vasca de VOX, Amaia Martínez.
Por su parte, Ana Velasco, Vicesecretaria Nacional de Relaciones Institucionales de la formación que preside Santiago Abascal, ha puesto de manifiesto la “profunda preocupación de su partido en torno a la futura presencia del Ejército en la provincia” por el nulo valor de la palabra del Gobierno Sánchez, tras recurrir una y otra vez a la mentira y haber demostrado carecer de límites a la hora de plegarse a las exigencias del separatismo en País Vasco y Cataluña.
“Somos muy conscientes”, ha apuntado, “de que el separatismo vasco lleva años queriendo expulsar al Ejército de San Sebastián y de Vascongadas por el papel como garante de la integridad de nuestra nación que representa esta institución”. Así, ha recordado que diecisiete militares vinculados al acuartelamiento de Loyola fueron asesinados por ETA “precisamente por su papel protagonista en la defensa de España frente al terrorismo”.
La mentira del alcalde de San Sebastián al afirmar su intención de proteger los dos edificios principales de los Cuarteles contrasta con el recurso presentado por el consistorio contra la sentencia que le obliga a ello. Del mismo modo, el Ministerio de Defensa no aclara el destino que tendrán los efectivos militares allí destinados. Esto obliga a VOX a vigilar en ambos sentidos. Por ello emprenderá todas las acciones necesarias para garantizar la conservación de un conjunto arquitectónico reconocido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como bien de especial valor a proteger y para asegurar la continuidad del Ejército de España en Guipúzcoa y en el País Vasco.