Esta mañana en Bruselas, el Parlamento Europeo ha aprobado la solicitud de VOX para incluir en la agenda de debate una petición por la limitación de vulneración de principios fundamentales básicos que se vive en las universidades públicas de Cataluña.
La petición, que se debatirá el próximo 22 de marzo, fue presentada por Ricardo García Manrique, miembro del colectivo ‘Universitaris per la Convivència’, preocupado por la vulneración de derechos fundamentales que se vive en las universidades catalanas. En su petición, afirma que su propósito es «defender la neutralidad de las universidades públicas y la posibilidad de que todos puedan expresarse libremente en los campus universitarios».
En concreto, la petición denuncia la violencia ejercida contra los estudiantes que manifiestan su oposición a las propuestas separatistas en los campus universitarios. También denuncia la «pasividad tanto de las autoridades académicas como de la policía», que además de negarse a condenar los ataques, permitirían boicots a estudiantes que discrepan con el separatismo. En el caso de la policía (dependiente del gobierno regional catalán) el peticionario afirma que se niega a intervenir, lo que «deja a los estudiantes en una situación de indefensión», añade. «Incumpliendo así la obligación de neutralidad política de las administraciones y limitando la libertad ideológica de los miembros de la comunidad universitaria», concluye la petición.
El peticionario recuerda que «los principios democráticos, el pluralismo político y los derechos fundamentales son valores comunes a los Estados miembros y a la Unión Europea, cuyo respeto es un requisito derivado del artículo 2 del TUE». Es por ello que solicita a las instituciones europeas garantizar que se respeten dichos valores comunes en todo el territorio de la Unión.
Tras el apoyo del Portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y lograr sacar adelante su inclusión en agenda, la petición será debatida el miércoles 22 de marzo, en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, para que las instituciones europeas puedan abordar la grave situación de persecución ideológica que se vive en las universidades catalanas con la complicidad del gobierno regional.