VOX pide a la Comisión Europea financiar vallas y barreras contra la invasión inmigratoria

Buxadé denuncia el aumento del 30% de inmigrantes ilegales en los primeros meses de 2023

En medio de una creciente crisis migratoria, el jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha instado a la Comisión Europea a tomar medidas urgentes para detener la llegada descontrolada de inmigrantes ilegales a la Unión Europea (UE). Según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX), las entradas ilegales a territorio de la Unión han experimentado un aumento del 30% en los primeros meses de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior, superando las 80.000 entradas.

En el contexto de un aumento de la inseguridad y un crecimiento desmesurado de delitos en diversas regiones de la UE, así como un desempleo que afecta a casi 13 millones de europeos, Buxadé cuestiona la capacidad de la UE para gestionar de forma efectiva la inmigración ilegal. El eurodiputado recuerda asimismo que esta situación “pone en peligro el estilo de vida” de los europeos y agudiza la vulnerabilidad de muchas familias a los que se obliga a convivir con la inseguridad, la precariedad y la delincuencia.

Buxadé ha formulado tres preguntas a la Comisión Europea: ¿Es necesario implementar nuevas medidas, en coordinación con los Estados miembros, para frenar la inmigración ilegal y proteger las fronteras exteriores de la Unión? ¿Es necesario financiar barreras y vallas fronterizas para hacer frente a esta oleada migratoria? ¿Y es necesario tomar medidas para potenciar la ejecución real de las decisiones de retorno para mejorar su efectividad?

La crítica a la política migratoria de la UE no es nueva, pero la magnitud del actual desafío migratorio ha acentuado las fisuras en el bloque. Las políticas actuales de la UE son percibidas por varios Estados miembros como ineficientes e insuficientes para lidiar con una crisis inmigratoria de esta envergadura. Entre los más críticos se encuentran los gobiernos de Italia, Hungría y Polonia.

La Comisión Europea tiene seis semanas para responder a la pregunta parlamentaria de Buxadé.