El Grupo Parlamentario de VOX ha registrado una Proposición de Ley para eliminar de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público el artículo que permite, como excepción, que los Directores Generales no tengan que ser funcionarios de la Administración.
En concreto, el artículo 66.2 señala que los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, “salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario”, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional.
“Esta situación ha permitido que los Gobiernos, progresivamente, hayan hecho uso de esta excepcionalidad para nombrar a dedo a los Directores Generales no profesionales. Pero el culmen ha llegado con este Gobierno autodenominado ‘progresista y del cambio’ que ha nombrado a 25 Directores Generales sin reunir la condición de funcionario. Esto ha dejado de convertirse en una excepción para convertirse en una opción”, han explicado los diputados José María Figaredo y Eduardo Ruiz, firmantes de esta iniciativa legislativa.
¿Qué propone VOX? Suprimir la “circunstancia excepcional” en el nombramiento de Directores Generales no funcionarios y garantizar de esta manera la absoluta tecnificación y profesionalización de este personal.
“Aunque estos cargos puedan y deban ser libremente proveídos entre personas de confianza política, esa libertad debe circunscribirse exclusivamente a funcionarios de carrera del Estado”, explican los dos diputados encargados de la comisión de Calidad Democrática, que insisten en que el objetivo es “reforzar la responsabilidad y la independencia profesional y de criterio de los cuerpos superiores de la Administración y, por tanto, de toda la actividad administrativa”.
No obstante, el GPVOX insiste en que esta modificación debe enmarcarse en un contexto de “necesaria modernización” y de reforma de la función pública. Por ello insisten en que es necesario aprobar un Estatuto del Directivo Público que permita separar “de manera clara y contundente” el proceso de selección y actuación de los
órganos superiores de la Administración General del Estado. Todo para garantizar, una vez más la “independencia, profesionalidad, estabilidad y calidad en el desempeño” del trabajo.