VOX ha registrado hoy una querella contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por las declaraciones que realizó el pasado miércoles en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde aseguró que los menores podían mantener relaciones sexuales con adultos. Unas afirmaciones que pueden suponer un delito de corrupción de menores, amparado por el artículo 183 del Código Penal.
La vicesecretaria Nacional Jurídica, Marta Castro, quien ha presentado también un escrito ante el Defensor del Pueblo, advierte en su escrito al Supremo de que las declaraciones realizadas «no pueden ser amparadas por la libertad de expresión de un cargo público y de relevancia como es, ya que, además de diputada, es miembro del Gobierno como Ministra de Igualdad y sus declaraciones constituyen una acción típica, antijurídica y culpable.
En la misma línea, recuerda que el es el propio legislador el que ha establecido y configurado el tipo penal de abuso sexual, «en el que se ha determinado taxativamente las causas en las que la conducta sexual deviene típica». Entre éstas, argumenta VOX, «ha establecido que cualquier conducta lasciva con menores de 16 años es delictiva, dada la falta de madurez para el consentimiento, por entender, ex lege, que éste se encontraría viciado».
«Ni ignorancia, ni intencionalidad»
Por ello, prosigue la Vicesecretaría Nacional Jurídica de la formación, las declaraciones de Montero «exceden en mucho las expresiones que de carácter político pudieran realizarse para expresar un posicionamiento político». «Ni la ignorancia ni la intencionalidad podrán excluir en este caso que las palabras empleadas y el mensaje lanzado por la ministra, pues son constitutivas de delito», apostilla en su escrito al Alto Tribunal.
Castro, además, hace hincapié en la «irresponsabilidad al realizar estas declaraciones en la sede en la que las ha realizado». «Más que atenuarlas y que resulten rebajadas por una indebida aplicación de la libertad de expresión “parlamentaria”, el Parlamento se configura como una herramienta de difusión extraordinaria, y con ello concurre uno de los elementos típicos según indica el artículo 18.1 del Código Penal, difusión pública, que en este caso resulta tan relevante que todos los medios de comunicación se han hecho eco de ella».
Y así, el bien jurídico protegido al que se refiere la querella presentada por la formación que preside Santiago Abascal es «la indemnidad sexual o intangibilidad sexual del menor». Es decir, el correcto desarrollo de su sexualidad y su futura libertad sexual. «Es un delito de mera actividad en el que se implica al menor en un acto de naturaleza sexual», explica Castro.
Así, VOX ha solicitado que se tome declaración de la ministra y que se oficie a la Policía judicial para que realice informe sobre las publicaciones remitidas y enlaces corresponden con la realidad.