«Disparate legal». Esa ha sido la definición del senador de VOX por Andalucía, Jacobo González-Robatto, a la Proposición de Ley Orgánica sobre impunidad en caso de vulneración de derechos humanos, registrada por el grupo parlamentario formado por los filoetarras de Bildu y los golpistas de ERC, en el Senado.
En concreto, se trata de -bajo el pretexto de haber dictado resoluciones que, según sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hayan podido implicar vulneraciones de derechos humanos- castigar a los magistrados españoles que hayan emitido aquellas resoluciones. De modo que no podrían acceder a puestos superiores de la carrera judicial, y en su caso al Tribunal Constitucional.
El senador ha advertido de la gravedad de la iniciativa, que, de aprobarse, «implicaría importantes modificaciones en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional». «Importantes modificaciones de carácter absolutamente inicuo», ha matizado.
Burda fachada propagandística
Para González-Robatto, «basta ver la firma del grupo proponente para entender que las alusiones a los derechos humanos son la burda fachada propagandística que oculta el verdadero propósito de la iniciativa: intimidar a los jueces y magistrados del Poder Judicial español».
Y es que, para los proponentes, las vulneraciones de derechos humanos son las sentencias del orden jurisdiccional penal que condenan por terrorismo y por utilización traidora e ilegal de cargos públicos para la destrucción de la Unidad de España y del ordenamiento jurídico.
De modo que el rechazo a esta iniciativa es «rotundo e incondicional» por la «distancia infinita, que con todo orgullo tenemos con el Grupo proponente, y cuyas perversas intenciones en esta Proposición son evidentes». También porque VOX «lleva años batallando por la defensa de España, de su Unidad y de su Soberanía».
Porque se trata, ha destapado, de «Unidad y de Soberanía». «Defensa de la Unidad de España, contra los separatistas de Esquerra y Bildu que quieren descuartizarla. Y defensa de la Soberanía de España, de nuestra Soberanía Judicial, porque de ninguna manera podemos admitir que las sentencias de tribunales internacionales se puedan superponer a las decisiones de nuestro Tribunal Supremo o, en su caso, del Tribunal Constitucional», ha concluido.
