VOX ha enviado un escrito al Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional para personarse como acusación popular en el caso del incidente ocurrido en la Embajada de México en Bolivia, el pasado mes de diciembre, cuando intentaron acceder la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, acompañada por el cónsul español, Álvaro Fernández, protegidos por cuatro miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional de España, donde se encontraban varios exministros del Gobierno de Evo Morales.
Tras estos hechos, la formación liderada por Santiago Abascal, envió una denuncia a la Fiscalía contra la Corrupción Organizada, que fue ampliada unos días después, tras tener indicios de que Podemos se habría financiado gracias a contratos con el Gobierno de Morales, a través de la consultora Neurona Consulting, según indicaba la vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro.
En la ampliación de la denuncia presentada a finales de enero, esta formación política destacaba una entrevista en la que el ministro de Justicia de Bolivia declaró: “Iglesias ha financiado sus campañas con dinero de Evo Morales y Chávez”.
VOX recordaba en aquel escrito que el Tribunal Supremo venezolano está convencido de que el dinero ha sido dirigido a fomentar sus apoyos políticos en su país y en el extranjero, en este caso, en España, por medio de quienes fundaron Podemos.
En el mes de marzo, la Fiscalía archivó la denuncia y argumentó que estos hechos eran seguidos por la Juzgado Central de Instrucción Número 3 en la investigación de la petrolera PDVSA. Es por ello que, ahora, VOX ha solicitado a dicho Juzgado la personación como acusación popular, “en aras a la protección del bien jurídico protegido por los delitos que en la denuncia de fiscalía se indican, y que posibilitan la idoneidad de su personación a la luz del artículo 21 de la CE”, según reza el escrito.