A continuación se reproduce, para interés de los lectores, la entrada escrita por Jorge Buxadé, eurodiputado de VOX y Vicepresidente de Área Política, en su blog con relación a as subvenciones públicas a partidos y sindicatos. Puedes acceder al texto original pinchando en el siguiente enlace.
El desarrollo exponencial de los partidos políticos en España desde la promulgación de la Constitución ha asestado un golpe letal al principio democrático, pues en la actualidad nos hallamos ante un auténtico Estado de Partidos. En realidad, la soberanía nacional es rea de los partidos. Los partidos políticos acumulan en España un poder prácticamente total pues así lo configuraron UCD, PSOE, y luego PP, junto a todos los partidos regionalistas, sean o no abiertamente separatistas, sin que Podemos y C’s hayan impugnado el modelo; antes al contrario.
Los partidos no sólo copan las dos Cámaras legislativas, Congreso y Senado, y las 17 Asambleas autonómicas, sino que controlan directamente todos los Gobiernos, el de la Nación y los regionales; el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, la Fiscalía General del Estado, todas las entidades locales, e indirectamente los colegios profesionales, las Universidades públicas, las cámaras de comercio, los consorcios, las sociedades y fundaciones públicas, los medios de comunicación de titularidad pública, los organismos reguladores de los sectores económicos estratégicos, y un largo etcétera de entidades públicas menores.
Directamente por mandato constitucional o indirectamente por vía de Leyes Orgánicas y ordinarias de desarrollo, o incluso por la vía de Estatutos orgánicos, la práctica totalidad de los resortes del Estado – en sentido amplio – y de lo que otrora se denominaban cuerpos intermedios, se hallan bajo el control de los partidos; que han dejado de ser un mero instrumento de participación política al servicio del pluralismo, para ser estructuras de poder al servicio de su propio poder.
Si la Constitución proclama la soberanía nacional y atribuye su titularidad al pueblo, y señala con precisión y claridad que son las Cortes Generales las que lo representan, el desarrollo legislativo del asunto ha supuesto una autentica mutación constitucional por cuanto son los partidos los que directa o indirectamente ostentan en la práctica la totalidad del poder representativo.
Tribunal Constitucional, Supremo, Organismos reguladores de los mercados estratégicos, Fiscal General del Estado, Consejo de Estado, Delegados del Gobierno…son instituciones esenciales del Estado bajo el control férreo de las disciplinas del aparato; provocando un efecto colateral como es el descrédito de las instituciones, que abre paso al mal llamado populismo de izquierdas; pues no hay nada menos cercano a los intereses del pueblo hecho Nación que las teorías zurdas.
El Estado se halla en la practica secuestrado por entes privados de base asociativa que, además, se sostienen en la práctica totalidad de los casos casi exclusivamente con el erario y cuya única razón de ser es la detentación del Poder. Uno de los objetivos de un movimiento político como el de Vox es el de devolver, siempre que sea posible, el poder secuestrado por los partidos, al pueblo español y a las instituciones que le son propias y naturales; para que los partidos tengan la función y el poder que les corresponde; ni más ni menos. Sin orden, no hay justicia.
Resulta obvio que tal acumulación de poder trae consigo innumerables problemas. Uno de ellos, obviamente, el del control económico-financiero de sus ingresos y sus gastos, y la vinculación efectiva de los ingresos y los gastos a la satisfacción de las necesidades e intereses que les son propios.
Desde VOX siempre hemos reclamado el fin de las subvenciones a los partidos políticos y a sus fundaciones;: y no vamos a dejar de hacerlo, siempre, pero especialmente en momentos tan graves para la Nación como los que estamos ahora atravesando. Por muy variadas razones:
1º. Supondría una nada desdeñable reducción del gasto público; que aliviaría las cargas que se imponen sobre los hombros de los españoles, ya de por sí agotados.
2º. En modo alguno los partidos son instituciones públicas sino privadas; y de base asociativa; de modo que la financiación de su estructura y actividades debe correr a cuenta, exclusivamente, de sus afiliados, simpatizantes y donantes particulares, por supuesto.
3º. Las cuantiosas cantidades que perciben los grandes partidos constituyen además una barrera de entrada de otras formaciones. Si entendiéramos que los partidos “compiten” en un determinado mercado, es obvio que los grandes partidos acuden a las elecciones “dopados” con dinero público.
4º. El efecto inmediato es que la pertenencia a un partido corre el riesgo de dejar de ser una vocación personal para convertirse en un modo de colocación profesional. Prolongado en el tiempo, la estructura y los aparatos se imponen pues de lo que se trata es de consolidar el poder,al margen de la vocación de servicio.
Los grandes partidos, PSOE y PP son grandes empresas dirigidas a detentar Poder y obtener ingresos públicos, que durante años han perpetuado un sistema nefasto que atenta gravemente a la democracia. Basta ver cómo el Gobierno socialcomunista ha regado esta misma semana con dinero público a los medios de comunicación para asegurar su complicidad en la difusión de su relato exculpatorio en relación a la propagación del Coronavirus de Wuhan por el territorio nacional. Y basta ver el silencio no menos responsable de sus conmilitones en el reparto. Solo VOX ha alzado la voz. El efecto: la ingente labor de oposición y propuestas que llevamos haciendo para ayudar a los españoles a salir de la emergencia sanitaria y afrontar con vigor la emergencia económica son sistemáticamente silenciadas.
Los partidos en el Gobierno usan del presupuesto en favor de sus exclusivos intereses al margen del Bien Común. Así los fondos públicos no sólo riegan a los partidos, sino a sus fundaciones; a los sindicatos y las patronales,y a toda esa pléyade inmensa de entidades privada de claro sesgo ideológico y dependencia partidista a través de los cuales los partidos han tejido su maraña de intereses particulares e ideológicos, en ámbitos tan amplios como la “ideología de género”; el “feminismo radical”, la “inmigración”, o las “inmersiones lingüísticas en lenguas regionales o locales”; lo que hemos venido a llamar chiringuitos ideológicos;partidas en las que se desangra el presupuesto de entidades locales, regionales, nacionales e incluso ya europeas.
Nosotros hemos venido con la firme voluntad de acabar con este pernicioso sistema. Soñamos con una España en que partidos, sindicatos, patronales, y en general asociaciones y fundaciones de contenido ideológico se sufraguen con las aportaciones de sus socios. Una España en que partidos, sindicatos y patronales ejerzan la estricta función que la justicia y el sentido común les asignan. Ni más ni menos.
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