El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón exige la derogación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Al mismo tiempo, el portavoz adjunto, Santiago Morón, ha reclamado “una nueva normativa que garantice tanto la salud pública como los intereses del sector ganadero y veterinario”, que garantice “la participación del sector en su elaboración”. Así lo defenderá este lunes en la comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Morón ha denunciado que este Real Decreto “antepone la burocracia y la ideología del Pacto Verde y Agenda 2030 antes que las necesidades reales del sector ganadero y la propia salud de los animales”. Ha lamentado que “no consigue sus objetivos de mejor uso de antibióticos, sino al contrario, porque produce un mayor consumo de antibióticos incrementando los costes para las clínicas veterinarias, el sector productivo y los usuarios”. Ha incidido en que “está agravando una situación ya de por sí delicada, por el elevado IVA que grava los costes del servicio veterinario de un 21%”.
Morón ha explicado que este Real Decreto “está alineado con el Pacto Verde Europeo y con la Estrategia de la Granja a la Mesa”. Unas políticas que “se han demostrado contrarias a los intereses del mundo rural y llevan implementándose desde 2014 con el primer Plan Nacional frente a la Resistencia contra los Antibióticos (PRAN)”.
Ha detallado que este Real Decreto “obliga a los veterinarios a registrar cada prescripción de antibióticos a través del nuevo Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET)”, el cual es una plataforma informática del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La norma -ha contextualizado Morón- “obliga a la comunicación de datos mínimos de prescripción de medicamentos veterinarios, tanto para especies de animales de producción como para animales de compañía”. Un factor que “ha motivado las manifestaciones promovidas por los profesionales veterinarios, que ven quebrantado su criterio en favor de más burocracia”.
El portavoz adjunto ha lamentado la “burocracia desproporcionada y sanciones inasumibles”; dado que los “estrictos protocolos ralentizan decisiones que sólo pueden tomarse analizando in situ la situación específica de cada animal”. “Antes, los veterinarios podían administrar directamente el tratamiento adecuado. Ahora, en los casos más graves, se ven obligados a prescribir un conjunto de antibióticos de categorías inferiores, aun conociendo su ineficacia, antes de poder recurrir a otros más potentes. Esto implica un uso innecesario de antibacterianos, mayores costes por paciente y una aceleración en la resistencia de ciertas bacterias a los tratamientos”, ha comparado. Para Morón, lo “más duro”, es que “compromete la salud de los animales y hasta su propia supervivencia”.
Se ha referido también a que el Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria en España “ha advertido que esta normativa pone en riesgo la correcta aplicación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos en el ámbito veterinario y humano”. Ha añadido que “el legislador no ha considerado adecuadamente el funcionamiento de clínicas y hospitales veterinarios”. Como ejemplo de ello, ha mencionado a los equinos, “cuya gestión clínica difiere de la de pequeños animales, a pesar de lo afirmado en el Real Decreto”.
Morón ha sintetizado que “las principales consecuencias” del Real Decreto son “la desconfianza respecto a los profesionales veterinarios, riesgo innecesario para la vida de los animales, exceso de burocracia sin sentido que dificulta la toma de decisiones, la amenaza de multas desproporcionadas y el aumento del coste para los propietarios al tener que adquirir varios medicamentos antes del apropiado según el caso”.
“La deriva animalista a la que nos tiene sometidos el actual Gobierno de España lleva a situaciones del todo inimaginables: los medicamentos sólo los pueden prescribir los veterinarios a aquellos animales identificados, haciendo que los propios veterinarios se vean obligados a no cumplir con su código deontológico de atender animales y asegurar su cuidado y protección”, ha concluido.
Las declaraciones han tenido lugar durante una visita a la Clínica Veterinaria Romareda, junto a su directora médica Luisa Arauzo, quien ha denunciado que desde la entrada en vigor del Real Decreto “se están coartando nuestras libertades como clínicos”. “Nos impone qué tenemos que recetar en base a unas fichas técnicas -algunas sin revisión desde hace 30 años- que en la mayoría de los casos están obsoletas”, ha detallado.
Como consecuencias, ha señalado que “hay animales a los que no podríamos tratar”. Ha puesto el siguiente ejemplo: “Un antibiótico es el mejor para una cistitis. Pero cuando salió el registro hace años, hicieron las pruebas para una bronquitis. Es decir, como en ese medicamente no pone ‘cistitis’ en su ficha técnica, no lo podemos dar”.
