El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón ha sacado adelante sus iniciativas para la modificación de la Ley 6/2023, de febrero, de Protección y Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, conocida coloquialmente como Ley de Agricultura Familiar de Aragón.
El portavoz adjunto de VOX, Santiago Morón, ha trasladado la “satisfacción” por “favorecer la incorporación de jóvenes agricultores al campo”, y que “los proyectos de jóvenes puedan quedarse en el medio rural”. Ha puesto en valor que “dotamos de mayor seguridad a la actividad agraria y se mejora la viabilidad económica de pequeñas explotaciones”.
Morón ha reconocido que se trata de “un primer paso”, y que VOX muestra “ambición” para “terminar reformando la ley en su totalidad”. Ha criticado que la ley fue “elaborada de manera apresurada e irresponsable por el anterior Gobierno de Lambán, quien agravó todavía más las posibilidades de los jóvenes agricultores aragoneses”. “Los socios del anterior Gobierno demostraron su total ineptitud y
desconocimiento del campo, y sólo buscaron aplicar sus mantras ideológicos basados
en el fanatismo climático”, ha analizado.
Del mismo modo, ha lamentado que “la mayor amenaza para el sector agroganadero sigue llegando desde Bruselas, donde se encuentra hoy el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, compadreando con los enemigos de este sector”. “Las políticas e imposiciones irracionales basadas en el fundamentalismo verde y el Pacto Verde Europeo son la mayor amenaza contra el campo”, ha expuesto.
Artículos 8, 19, 25 y 50
Los artículos 8 y 50 quedan derogados; mientras que los artículos 19 y 25 quedan modificados por una cuestión “únicamente de técnica normativa” -ha explicado Morón- con el propósito “reducir el número de disposiciones transitorias o adicionales”. “Toda la carga ideológica de estos 4 artículos se ha visto eliminada, que es lo verdaderamente importante”, ha enfatizado.
Morón ha analizado que la mencionada Ley “ha provocado gravísimos perjuicios contra los jóvenes aragoneses que se quieren incorporar al sector”; y a “los agricultores y ganaderos que precisan ampliar y modernizar sus explotaciones”, provocando que “muchos de ellos abandonan la actividad”.
Respecto al artículo 8 -derogado- hacía referencia a la capacidad de las explotaciones ganaderas intensivas. Morón ha criticado que su aplicación “ha probado que limita el desarrollo de proyectos de transmisión de explotaciones agropecuarias familiares y la
construcción de nuevas explotaciones ganaderas, tanto intensivas como extensivas”. Ha incidido en que, desde su entrada en vigor, “numerosos agricultores y ganaderos han visto impedida la posibilidad de nuevos proyectos de granjas, así como la
ampliación de las existentes”. Unas “restricciones que también afectan gravemente a las incorporaciones de jóvenes agricultores, que no pudieron concurrir a convocatorias de ayudas por las imposiciones del artículo”.
Sobre el artículo 19, relativo a la transmisión de tierras reservadas en zonas regables de Interés Nacional, Morón ha expuesto que “dificulta el acceso de jóvenes agricultores a estas tierras”, dado que “impone condicionantes y limitaciones a la transmisión de tierras en zonas regables de interés nacional”, lo que ha calificado de “exceso de intervencionismo administrativo”.
El portavoz adjunto ha denunciado que el artículo 25, “debido al establecimiento de unidades mínimas de cultivo de 10 hectáreas para secano y 5 hectáreas para regadío, estaba impidiendo la segregación de fincas para la construcción de diversas instalaciones agropecuarias”. Una exigencia que “dificultaba el desarrollo de los jóvenes que desean quedarse en el medio rural, así como la sucesión y continuidad de explotaciones agrarias familiares”.
En cuanto al artículo 50 -derogado- hacía referencia a las “obligaciones de funcionarios públicos, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus funciones con relación a bienes procedentes del patrimonio agrario”. Morón ha afirmado que se trata de “una materia reservada a la competencia exclusiva del Estado”.
