El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Teruel -con Elena Fernández y Verónica Luz– defenderán una moción en el pleno del próximo lunes para reclamar que las distintas instituciones públicas dejen de dilapidar los recursos públicos en gastos superfluos y el Gobierno central habilite fondos para Ley ELA aprobada por el Congreso de los Diputados. «La ELA afecta al sistema nervioso y provoca una pérdida progresiva de la movilidad, de la capacidad de hablar, de alimentarse y de respirar, mientras mantiene intactas las capacidades intelectuales de la persona. Una enfermedad devastadora, que genera un impacto profundo tanto físico como emocional en quienes la padecen, y una carga inmensa para sus familias y personas cuidadoras», han relatado.
Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en España hay entre 4.000 y 4.500 personas con ELA, y se diagnostican cada año unos 900 nuevos casos. En nuestra región, se calcula que conviven con esta enfermedad alrededor de 100 personas, de las cuales 10 viven en Teruel.
Es por ello que la Propuesta de Resolución de VOX dice lo siguiente:
1. Instamos al Ayuntamiento de Teruel a reafirmar su apoyo y reconocimiento a todas las personas afectadas por la ELA y a sus familias y cuidadores.
2. Expresamos nuestro agradecimiento a las entidades sociales, sanitarias y científicas que trabajan incansablemente por mejorar su calidad de vida y por avanzar hacia tratamientos eficaces.
3. Solicitamos el compromiso del Ayuntamiento de Teruel para seguir colaborando todas las Administraciones públicas con el objetivo de garantizar una atención integral, asistencia domiciliaria, apoyo técnico, psicológico y recursos adecuados para estas personas.
4. Queremos destacar una cuestión especialmente urgente: Instamos al Gobierno del Estado a dotar con una partida presupuestaria específica y suficiente la Ley ELA aprobada por el Congreso de los Diputados, para garantizar su aplicación efectiva. Sin recursos económicos concretos, esta ley corre el riesgo de convertirse en una declaración de intenciones sin impacto real. Las familias no pueden —ni deben— seguir asumiendo en solitario los costes materiales y humanos que implica esta enfermedad.
5. Instamos a todas las Administraciones públicas con competencias en sanidad a que dejen de destinar el dinero recaudado de los impuestos (que debería destinarse a sostener nuestros servicios públicos y a apoyar a los más vulnerables), a gastos superfluos o que directamente son perjudiciales para los españoles, como la promoción de la inmigración masiva, que saturan y degradan nuestros servicios públicos, especialmente la sanidad. La dignidad no puede esperar.
6. Instamos al Ayuntamiento de Teruel, a sumarse al llamamiento de las asociaciones, enfermos, familiares, cuidadores y afectados, que desde hace años impulsan una labor imprescindible en nuestro territorio. Porque cada vida cuenta. Porque las familias y pacientes afectados por la ELA no pueden seguir esperando. Y porque la justicia social también se mide por cómo cuidamos a quienes más nos necesitan.
