El autor de una agresión a un funcionario del centro penitenciario de Cuenca, el pasado 27 de octubre de 2021, ha sido condenado a 10 años por el delito de homicidio en grado de tentativa, así como atentado y lesiones. Esta agresión, según parte del fallo de la sentencia que la condena desvelado por la prensa, se produjo por la “insuficiencia del material antidisturbios con la que actúan los funcionarios”. Por este motivo, la diputada nacional de VOX por Ceuta, Teresa López, preguntaba al Ejecutivo si “va a adoptar medidas para incrementar el referido material”.
Además, López interpelaba al Ejecutivo para saber cuándo se van a incrementar los medios materiales de los funcionarios de prisiones”, así como conocer “cuántas agresiones a funcionarios de prisiones se han producido desde el inicio de la actual legislatura, hasta la actualidad”.
El Gobierno de Sánchez ha asegurado, en su respuesta, que esta agresión no fue por insuficiencia del material, y afirma que “en el momento en que se produjeron los hechos de referencia, el centro penitenciario de Cuenca contaba con medios coercitivos y elementos de protección personal suficientes”. Además, en relación al número de agresiones, desde Moncloa señalan que “se han producido 842 agresiones a funcionarios de prisiones desde el inicio de la XIV Legislatura hasta la fecha de respuesta de la presente iniciativa”, y añaden: “El 97% de las agresiones han sido leves o sin lesiones”.
Ante estos datos, López denuncia que es intolerable que, “en las prisiones de España, se produzca una agresión a un funcionario por día”, y que mientras el Gobierno justifique “que se contaban con los medios coercitivos suficientes cuando los datos hablan por si solos”. “Además, ponen de manifiesto que los internos se ven indemnes ante esas agresiones por cuanto los funcionarios de prisiones siguen sin ser considerados agentes de la autoridad tras las más de 30 ampliaciones de plazo en la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria”, señala López.
“Todo esto conlleva que las consecuencias para los agresores salgan prácticamente gratis, con la complicidad de este gobierno que no impulsa esa modificación legal”, condena López.
